A cuatro meses y unos días de asumir como presidente, Yamandú Orsi enfrenta su primer gran pulso político: una negociación trancada con los gobiernos departamentales por la distribución de los fondos públicos. Lo que a primera vista parece una discusión técnica sobre porcentajes y criterios de reparto, es en realidad una batalla profunda por el equilibrio territorial del país, donde se cruzan poder, autonomía y representación.
El Congreso de Intendentes —el órgano que reúne a los 19 jefes departamentales— reclama al gobierno nacional mayor control sobre una parte clave del presupuesto: los fondos destinados a inversiones en obras y desarrollo territorial. En particular, los intendentes quieren revertir la proporción vigente en la administración del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), creado por el artículo 298 de la Constitución y financiado con un 11% de los impuestos nacionales recaudados fuera de Montevideo.
Actualmente, ese fondo se gestiona en un 60% por el gobierno central y 40% por las intendencias. El Congreso de Intendentes quiere invertir ese esquema: que sean los gobiernos departamentales quienes manejen la mayor parte de los recursos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), sin embargo, no está dispuesta a ceder.
Lo que está en juego
La disputa se sitúa en un terreno que combina técnica presupuestal y política territorial. Para los intendentes, acceder directamente a una porción mayor del FDI significa poder decidir con mayor autonomía qué obras ejecutar, dónde y con qué tiempos. Implica, también, reforzar el vínculo con sus votantes, a quienes deben rendir cuentas por los avances en infraestructura y servicios.
Desde el gobierno, la postura es que mantener una mayoría del control en manos de la OPP garantiza una mirada nacional, evita la fragmentación de criterios y permite coordinar obras estratégicas de alcance regional. La defensa técnica, sin embargo, convive con una decisión política: no habilitar una descentralización que, en los hechos, debilite el control del Poder Ejecutivo sobre la ejecución del gasto.
A esto se suma otro foco de discusión: un nuevo fondo de unos US$ 80 millones que la administración Orsi prevé poner en marcha a partir de 2027. La propuesta establece que la mitad se destinará a Montevideo y Canelones, y la otra mitad se distribuirá entre los 17 departamentos restantes. “Calculá dividir US$ 40 millones entre 17”, ironizó uno de los intendentes para expresar el malestar por lo que consideran una asignación insuficiente. Desde el Congreso se reclama que ese fondo aumente considerablemente.
El dilema del Fondo Municipal
Otro punto de fricción es el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Este fondo se nutre de descuentos que el Poder Ejecutivo realiza a las partidas que transfiere a las intendencias. El problema es que, mientras los aportes se calculan según el criterio original del 3,33% del Presupuesto Nacional (artículo 214 de la Constitución), la distribución entre los municipios se hace con otras reglas: 25% se reparte de forma igualitaria, y el 75% según cantidad de habitantes.
Esto provoca que los municipios de Montevideo y Canelones, que concentran mayor población, terminen llevándose cerca del 50% del fondo. El Congreso de Intendentes sostiene que el reparto debe parecerse más a los aportes que hace cada departamento, y no profundizar el desequilibrio a favor del eje metropolitano.
Centralismo y descentralización: una vieja tensión
El trasfondo es claro: Uruguay sigue siendo un país fuertemente centralizado, con Montevideo como eje político, económico y poblacional. Las normas que garantizan transferencias obligatorias a los gobiernos departamentales fueron diseñadas como un intento de equilibrar esa concentración. Pero las tensiones persisten.
Yamandú Orsi encarna, en principio, una alternativa a ese modelo. Es el primer presidente uruguayo nacido y criado fuera de Montevideo en más de un siglo. Fue intendente de Canelones durante una década, conoce las realidades del interior y habla el lenguaje de los gobiernos departamentales. Varios intendentes, incluso de la oposición, expresaron su confianza inicial en que esa experiencia permitiría mejorar la coordinación entre niveles de gobierno.
Sin embargo, ahora Orsi ocupa el otro lado del mostrador. Como presidente, debe conciliar su compromiso con la descentralización con las necesidades fiscales y políticas de su administración. No puede desatender a Montevideo, ni ceder por completo ante los reclamos departamentales. El equilibrio es frágil, y los tiempos apremian.
El reloj constitucional
La Constitución establece que las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de Intendentes deben cerrarse al menos un mes antes de la entrega del proyecto de Presupuesto Nacional al Parlamento, es decir, el 31 de julio. Ya se celebraron dos instancias de diálogo entre la OPP y los intendentes, sin resultados. Una tercera reunión está prevista para el martes 29 de julio.
Si no hay acuerdo, el Congreso de Intendentes podrá presentar su propia propuesta, que el Ejecutivo deberá remitir al Parlamento sin modificaciones. En ese escenario, la discusión se trasladará al ámbito legislativo, con presiones cruzadas y lobbies departamentales intentando introducir cambios en el articulado presupuestal.
Los puentes políticos
En medio de la pulseada, algunos actores intentan tender puentes. El senador blanco y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, anunció que se comunicará con Orsi durante el fin de semana para acercar una propuesta. El gesto es significativo: Botana fue una figura clave en el fortalecimiento del Congreso de Intendentes y su diálogo con los gobiernos centrales.
A su vez, el intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, participó del lanzamiento del Diálogo Social convocado por Orsi, pese a que su partido había decidido no asistir. Desde el Congreso esperan que ese tipo de señales sean interpretadas como una apuesta por el diálogo y que el presidente actúe en consecuencia.
Una prueba de gobernabilidad
Más allá del monto de los fondos, lo que está en juego es la capacidad del nuevo gobierno para articular una relación fluida y cooperativa con los gobiernos departamentales. El conflicto por la distribución del presupuesto no es menor: es una prueba anticipada de gobernabilidad y de equilibrio territorial.
La expectativa, sobre todo en el interior, es que un presidente que proviene de la periferia —que no fue criado entre los muros del Palacio Legislativo ni las avenidas de Montevideo— logre romper con una lógica histórica de exclusión y recentralización. El desenlace de esta negociación será, en buena medida, la señal de si ese cambio es real o simbólico.
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