La Brigada Departamental Antidrogas de Colonia, en coordinación con sus pares de Montevideo y la Prefectura de Colonia, ejecutó el pasado 9 de julio dos allanamientos simultáneos en el barrio Las Malvinas. Como resultado, se incautaron drogas, armas de fuego, dinero y teléfonos celulares, elementos que refuerzan la hipótesis de un posible punto de distribución de sustancias ilícitas en la zona.
Según el informe oficial, se decomisaron 13,75 gramos de sustancia vegetal, 40 gramos de una sustancia blanca —presumiblemente cocaína—, 20,47 gramos de una sustancia amarilla no especificada, cuatro teléfonos móviles, una balanza de precisión, un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson, municiones y una escopeta recortada. También se incautó dinero en efectivo en moneda nacional. Las actuaciones judiciales continúan.
Más que un operativo: un síntoma territorial
Si bien este tipo de operativos puede entenderse como parte de la respuesta estatal frente al delito, su recurrencia en determinadas zonas plantea preguntas de fondo sobre el vínculo entre el Estado y los territorios más vulnerables.
Desde una perspectiva académica, el politólogo Juan Pablo Luna ha advertido sobre cómo el avance del narcotráfico en América Latina no solo se manifiesta en cifras de incautaciones o delitos violentos, sino también —y quizás sobre todo— en la capacidad de las redes criminales para disputar el control de los territorios y reemplazar, en algunos casos, funciones básicas del Estado.
En un análisis reciente, Luna sostiene que lo que está en juego en barrios como Las Malvinas no es únicamente la venta de droga, sino “la gobernanza de facto que ejercen grupos criminales en ausencia o debilitamiento del Estado”. En estos escenarios, explica, el microtráfico funciona como una economía de subsistencia y una forma de poder que establece códigos propios, disciplinamientos sociales y estructuras paralelas de autoridad.
¿Quién controla el territorio?
El caso de Las Malvinas refleja dinámicas que Luna identifica como propias de un “Estado ausente o desconectado”. La operación antidrogas reveló no solo la existencia de sustancias ilegales, sino también la presencia de armamento y tecnología básica para el fraccionamiento y venta, lo que sugiere una red organizada a pequeña escala.
La intervención de múltiples agencias —Policía local, Brigada de Montevideo y Prefectura— indica, además, que las autoridades consideran a esta zona como un punto sensible. Sin embargo, los operativos aislados, sin estrategias sociales paralelas, suelen tener efecto limitado si no se acompañan con políticas de inclusión, prevención y desarrollo.
El desafío estatal: más que represión
Para Luna, el narcotráfico en estos contextos no se combate únicamente con patrullajes y allanamientos. Requiere una presencia institucional sostenida, con políticas públicas que restauren el tejido social y generen alternativas económicas. “Lo que está en juego —afirma— es la legitimidad del Estado, su capacidad para ser percibido como garante de derechos y proveedor de bienestar”.
Desde esta óptica, el operativo en Las Malvinas debe leerse no solo como una acción policial exitosa, sino como un espejo de una disputa más profunda: la de quién tiene, en los hechos, el control del barrio.
Un fenómeno que interpela a toda la sociedad
La realidad de barrios como Las Malvinas pone en evidencia la necesidad de un enfoque integral frente al narcotráfico, donde las acciones judiciales sean parte de una estrategia más amplia que combine seguridad, justicia social y políticas territoriales.
Mientras tanto, el Estado llega a veces tarde, a veces armado, a espacios donde otros actores ya han tejido sus propias redes. La pregunta de fondo no es solo qué se incautó, sino qué se reconstruye cuando el polvo baja.
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