Montevideo – 9 de junio de 2025.
Con una convocatoria plural y transversal, Uruguay dio el primer paso hacia una eventual regulación democrática de las grandes plataformas digitales. El seminario “Desafíos para la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet”, celebrado en el Parlamento, marcó el inicio de un proceso que busca construir consensos a partir de un diálogo multiactor.
La actividad, impulsada por Datysoc y OBSERVACOM con el respaldo de la Unesco, reunió el pasado 22 de mayo a representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, el ámbito académico, empresas tecnológicas, organismos internacionales y partidos políticos. El encuentro se inscribe en el marco del proyecto “Diálogo multilateral para avanzar hacia la regulación democrática de las grandes plataformas digitales en Uruguay”, y contó además con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado.
Un Parlamento abierto al debate digital
En la apertura intervinieron la senadora Silvia Nane (Frente Amplio), presidenta de la comisión parlamentaria anfitriona; Rosa González, representante de la Unesco; Patricia Díaz, directora de Datysoc, y Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM. Nane subrayó la importancia de que el Parlamento actúe como catalizador de discusiones estratégicas para la vida democrática, especialmente en temas que atraviesan a toda la sociedad.
González recordó que la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, enfrenta hoy nuevos desafíos en los entornos digitales. Señaló que el diseño de políticas públicas en este ámbito debe garantizar tanto el derecho a recibir como a difundir información.
Por su parte, Díaz planteó la necesidad de superar el enfoque fragmentado y reactivo que ha caracterizado hasta ahora la regulación de las plataformas digitales. El objetivo del proceso, explicó, es construir un plan de acción coherente que identifique los intereses en juego y derive en propuestas normativas adaptadas al contexto nacional.
Gómez alertó sobre los riesgos de que los marcos normativos actuales no protejan adecuadamente los derechos de los usuarios en el entorno digital. “Uruguay está dando un paso audaz para recuperar una Internet libre y abierta”, afirmó.
Insumos técnicos y consenso político
Durante el seminario se presentaron dos documentos clave: el informe “Estado de situación de la regulación de las plataformas digitales en Uruguay” —elaborado por Datysoc y OBSERVACOM con apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco— y las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales, impulsadas por ese organismo internacional.
Rosa González explicó que dichas directrices fueron producto de un proceso de consulta global y buscan ofrecer un marco para proteger los derechos fundamentales en línea, con especial énfasis en la libertad de expresión y el acceso a la información. En esa línea, subrayó que la gobernanza digital debe centrarse en las personas y no en los intereses comerciales.
El informe técnico fue presentado por Matías Jackson, de Datysoc, quien destacó que la normativa vigente en Uruguay es fragmentaria y, en muchos casos, obsoleta frente a los desafíos actuales. Además, denunció que la ausencia de sede local de muchas plataformas limita la capacidad de los usuarios para ejercer sus derechos de manera efectiva.
Diversidad de voces en un proceso abierto
El programa incluyó un panel con especialistas de distintos sectores: Daniel Mordecki (Agesic), Andrés Danza (semanario Búsqueda), Raúl Echeberría (Asociación Latinoamericana de Internet), Evelin Heidel (Wikimedistas de Uruguay), Pablo García de Castro (ASIET), Diego Garazzi (Adepa y SIP), Fabián Werner (CAinfo) y la abogada Bárbara Muracciole. Todos coincidieron en la urgencia de abordar los desafíos regulatorios con una mirada integral y basada en derechos.
En la mesa final, los senadores Silvia Nane (Frente Amplio), Rodrigo Goñi Reyes (Partido Nacional) y Matías Duque Barreto (Partido Colorado) mostraron disposición a avanzar en acuerdos básicos. Más allá de las diferencias partidarias, coincidieron en que el Estado debe garantizar un entorno digital seguro, plural y respetuoso de los derechos humanos.
La iniciativa marca un precedente en América Latina, al promover un debate estructurado y participativo sobre la regulación de las plataformas digitales, en línea con los estándares internacionales y atendiendo las particularidades del contexto uruguayo.
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