La Fiscalía General de la Nación (FGN) informó este martes que fue sorprendida por la implementación de medidas gremiales adoptadas por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), las cuales no habrían sido debidamente notificadas con antelación. Según el organismo, esto impidió tomar previsiones para evitar afectaciones en el funcionamiento del sistema judicial y en la seguridad pública.
Entre las consecuencias más graves señaladas, la FGN indicó que se registraron casos en los que fiscales se negaron a solicitar órdenes de allanamiento o de detención, lo que generó preocupación en el organismo rector del Ministerio Público. Ante esta situación, la Fiscalía comunicó lo ocurrido al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –dado el conflicto gremial en curso– y al Ministerio de Educación y Cultura, que ejerce la tutela administrativa de la Fiscalía como servicio descentralizado.
Desde la Fiscalía se subrayó que, a pesar de haber mantenido una “actitud de diálogo” con los representantes gremiales y de haber realizado “varias concesiones”, estas no fueron valoradas de forma positiva por la Asamblea de AMFU.
La institución aseguró que mantiene su disposición al diálogo, que desde ahora se desarrollará en el marco de una instancia tripartita. En ese espacio, la FGN buscará explicar y justificar las decisiones adoptadas, que considera “legítimas y oportunas” para el mejor funcionamiento del servicio.
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