La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) subraya su preocupación por la situación económica de los medios de comunicación uruguayos, que se vio agravada por la pandemia de la covid-19, y que pone en riesgo su subsistencia.
Así lo informa el organismo en su informe previo a la 76ª Asamblea General de la SIP, que comienza este miércoles y que se celebra de manera virtual hasta el 23 de octubre.
«La situación económica ya estaba en dificultades, pero el virus las agravó, relegando la búsqueda de soluciones para la subsistencia de los medios. El 1 de marzo asumió el nuevo Gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el 13 de marzo se registraron los primeros casos de covid-19 y ello marcó la prioridad oficial», sostiene el documento.
En concreto, la SIP ejemplifica con el caso del diario local El Observador, que se publica desde 1991, y que meses atrás cerró su edición diaria en papel.
«Apostó a su edición digital para la cobertura informativa y mantuvo su edición del sábado con un perfil ‘arrevistado'», apunta el informe.
Por otra parte, el organismo también remarca que, a los problemas financieros, se suma «el fenómeno de las noticias falsas» y algunas amenazas sufridas por trabajadores de los medios.
En concreto, especifica la situación que vivió la periodista televisiva Iliana da Silva, que fue «víctima de un ‘linchamiento'» y amenazas por redes sociales tras cubrir la entrega de alimentos en una plaza en la que había niños, mujeres y hombres. A estos hechos se le atribuyeron motivaciones políticas.
«El 17 de junio el periodista Gabriel Pereyra, de VTV, semanario Búsqueda y de radio Sarandí, fue amenazado de muerte a través de una llamada que partió del penal de Libertad. La policía logró identificar al recluso y a la mujer que compró el chip y lo ingresó al penal», acota la SIP.
Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa también hace mención a la revocación por parte del presidente de Uruguay de la asignación de tres canales de televisión que había hecho su antecesor, Tabaré Vázquez, 15 días antes de culminar su mandato.
«Trece empresas cableoperadoras habían señalado que las adjudicaciones estaban «viciadas de nulidad por incompetencia». El Instituto Nacional de Derechos Humanos había advertido que el concurso fue realizado por un órgano que no era el competente, además de objeciones de oportunidad, por haberse dado a pocos días de un cambio de Gobierno», concluye el informe.
EFE
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