La conclusión surge tras los análisis técnicos realizados sobre el material recuperado, que incluyeron estudios osteológicos y la evaluación del contexto de hallazgo. De acuerdo con el equipo científico, los resultados no presentan indicadores compatibles con los patrones documentados en casos de desaparición forzada asociados al terrorismo de Estado.
El hallazgo había generado expectativas en organizaciones de derechos humanos y en la comunidad local, en una zona donde, como en otros puntos del país, se han impulsado investigaciones para esclarecer el destino de personas desaparecidas durante el régimen autoritario que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985.
Desde el GIAF se subrayó que el descarte no implica el cierre de otras líneas de investigación en la región. El grupo mantiene su labor de búsqueda e identificación en coordinación con autoridades judiciales y organismos de derechos humanos, con el objetivo de aportar información científica que contribuya a la verdad y la memoria histórica.
Las excavaciones y peritajes en cementerios y predios militares han permitido, en años recientes, identificar restos de detenidos desaparecidos, un proceso que continúa siendo central para las políticas de derechos humanos del Estado uruguayo. En ese marco, los especialistas reiteraron que cada hallazgo es analizado con el máximo rigor técnico, aun cuando las conclusiones no confirmen las hipótesis iniciales.
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