Una semana antes del ataque vandálico que provocó la fuga de decenas de animales, una entrevista, en Radiolugares, con Renzo Martínez y Alicia Espíndola revelaba tensiones, alertas e incertidumbres. Con las cartas vistas, el análisis deja una pregunta latente: ¿era evitable?
Pocas veces una entrevista adquiere un nuevo sentido con tanta fuerza como la que ofrecieron Renzo Martínez —referente de la organización que gestiona actualmente la Reserva de Fauna de Carmelo— y Alicia Espíndola, exalcaldesa y figura histórica del proyecto. Una conversación que, en su momento, parecía simplemente abordar desafíos cotidianos, se convirtió, a la luz de los hechos posteriores, en una pieza clave para entender la fragilidad institucional, los conflictos de gobernanza y las tensiones latentes que rodean a la reserva.
Una semana después de esa entrevista, un ataque vandálico provocó la rotura del alambrado perimetral y la fuga de decenas de animales, entre ellos ciervos y otros animales. El episodio marcó un punto de inflexión: la discusión ya no era sobre la gestión, sino sobre la supervivencia misma de la Reserva.
Las señales estaban allí
En la conversación, tanto Espíndola como Martínez relataron la existencia de denuncias anónimas que estaban siendo investigadas por el Instituto de Bienestar Animal (INBA), y que abrirían la puerta a una eventual inspección por parte de organismos estatales. Lo que entonces parecía un trámite administrativo, hoy resuena como una advertencia temprana: algo se estaba gestando en el entorno de la Reserva, y nadie —ni los actores implicados ni las autoridades— pareció darle la dimensión que merecía.
Martínez lo dijo con claridad, aunque en tono de sospecha más que de certeza: «La Reserva la quieren sacar». Su percepción era que existía un intento de desplazamiento de la Reserva de su actual ubicación, próxima al deteriorado Hotel Casino de Carmelo, en terrenos que pertenecen al Ministerio de Turismo. Espíndola reforzó esa idea con datos: el intento fallido de un comodato, las presiones pasadas para entregar el predio, y la recolección de 25.000 firmas que impidieron en su momento el cierre del espacio.
Un conflicto de legitimidades
La entrevista también puso en evidencia un complejo entramado de legitimidades superpuestas. Por un lado, una organización civil como ADECO, que asumió la gestión “a pulmón” con apoyo de la comunidad, el cobro de entradas y mejoras visibles. Por otro, la falta de un vínculo formal claro con el Estado, que genera incertidumbre sobre responsabilidades y obligaciones. Ni el municipio ni la intendencia ni los ministerios parecen tener un control claro de lo que ocurre en la Reserva, aunque el terreno les pertenece.
Esa ambigüedad institucional fue terreno fértil para que surgieran denuncias —quizás fundadas, quizás no— y para que se instalara una narrativa de persecución o desinterés, según quién la mire. Alicia Espíndola reclamó no haber sido informada oficialmente sobre las denuncias, a pesar de su vínculo con la Reserva. Martínez, por su parte, relativizó la gravedad: “los animales también mueren”, dijo, como respuesta a posibles cuestionamientos sanitarios.
Lo que no se imaginaban
Lo más impactante de la entrevista, viéndola con perspectiva, es el tono general de incredulidad. Nadie imaginaba, ni siquiera insinuaba, que lo que estaba por ocurrir era un sabotaje directo: el supuesto ingreso intencional a la Reserva, la apertura de los cercos y la liberación de animales. Un acto no solo de vandalismo, sino de ataque simbólico a un proyecto comunitario.
Ese silencio frente a lo inminente revela también una forma de desgaste: la naturalización de las tensiones, la burocratización del conflicto, la falta de canales de respuesta eficaces. Lo que para los entrevistados era “parte de lo normal” —denuncias, fiscalizaciones, incertidumbre legal— terminó siendo la antesala de un atentado que desnudó todas las debilidades del sistema.
¿Y ahora?
Hoy, con la Reserva golpeada, los animales dispersos y las preguntas acumuladas, la entrevista adquiere el carácter de documento. No solo por lo que dijeron sus protagonistas, sino por lo que no se logró anticipar.
Los hechos muestran que la Reserva de Fauna de Carmelo operaba en un contexto de crisis estructural, falta de institucionalidad clara y conflictos políticos no resueltos. La fuga de los animales fue el desenlace visible de una cadena de problemas.
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