Montevideo, 27 oct (EFE).- El expresidente Luis Lacalle Pou aseguró este lunes que la decisión del actual Gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica responde a una “operación política” en la que, según dijo, fue arrastrado el presidente Yamandú Orsi.
«Yo creo que arrastraron al presidente en una operación política. No me cabe la menor duda. Resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera intimar, por una garantía que yo no le resto importancia. Tiene su importancia, vamos a no restársela. Pero había otros mecanismos», dijo a la prensa.
Y añadió: «Este Gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan. Por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener el real conocimiento del daño que se le hace al país y el daño que se le hace a los uruguayos».
Asimismo, Lacalle Pou dijo que llamó a Orsi para hablar sobre este tema, pero no hizo comentarios sobre el diálogo que ambos mantuvieron.
Por otra parte, respaldó la labor de quienes ejercieron el cargo de ministro de Defensa Nacional durante su Gobierno (2020-2025) y recordó que en Uruguay se habla desde hace 20 años de la necesidad de adquirir patrullas oceánicas.
El Ministerio de Defensa de Uruguay rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por 92 millones de dólares.
El pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció que rescindirá dicho contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encuentra en proceso de liquidación.
El mandatario afirmó en una rueda de prensa que existen indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales.
Este domingo, el astillero Cardama instó a Uruguay a retomar el diálogo para encauzar el contrato de construcción de dos buques y ofreció al Gobierno de ese país gestionar un nuevo aval financiero por 4,1 millones de euros para la operación.
En un comunicado oficial, sostuvo que ha «cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales» y, por eso, expresó su sorpresa por lo ocurrido.
Asimismo, propuso, «con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad» a Uruguay, la posibilidad de sustituir, si fuera necesario, la garantía de fiel cumplimiento -equivalente al 5 %- por una nueva que «cumpla con las características» que la administración del país sudamericano considere adecuadas.
Comentarios