Según reveló Montevideo Portal, la defensa de Martín Mutio, condenado a 15 años de prisión por su presunta vinculación con un cargamento de cocaína hallado en Alemania en 2019, solicitó a la Justicia uruguaya que gestione formalmente una prueba audiovisual que permanece bajo custodia judicial en Bélgica. El video, afirman, podría poner en duda los fundamentos que sostienen la sentencia.
De acuerdo con el abogado Juan Raúl Williman, las imágenes muestran a tres individuos que acceden al contenedor atribuido a Mutio, lo manipulan y lo devuelven al mismo sitio, lo que —según sostiene— desmiente el núcleo de la condena uruguaya, basada en la supuesta imposibilidad de intervención externa.
El material forma parte de una investigación paralela en Bélgica, donde las autoridades judiciales indagan a una organización de tráfico internacional que utiliza la técnica conocida como rip off: insertar droga en contenedores en tránsito sin que lo sepa el exportador ni el importador. En ese proceso ya hay detenidos y procesados.
Williman subrayó que no es posible acceder al video sin un pedido formal de cooperación internacional. La Justicia belga ya ha dejado constancia de que sólo lo entregará si lo requiere expresamente el Estado uruguayo.
“No estamos discutiendo la condena, estamos solicitando que se incorpore una prueba legítima que ya existe y que puede modificar sustancialmente el análisis del caso”, dijo el abogado defensor.
La solicitud ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso de revisión. El pedido reabre el debate sobre la coordinación entre sistemas judiciales cuando se trata de crímenes transnacionales: dos investigaciones en países distintos, con conclusiones divergentes, podrían generar una contradicción procesal difícil de sostener jurídicamente.
Si el video confirma que el contenedor fue manipulado por terceros en tránsito, se pondría en cuestión no sólo la cadena de custodia, sino la validez del juicio entero.
Ahora, la decisión queda en manos de la Justicia uruguaya. Su respuesta podría marcar un giro en la causa o reforzar la duda sobre la disposición institucional a revisar pruebas internacionales en delitos de narcotráfico.



























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