El acuerdo entre el Congreso de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial coloca sobre la mesa tres asuntos que muestran un cambio de enfoque: el permiso de conducir por puntos, la regulación de los vehículos de movilidad personal y la educación vial en la enseñanza formal. La señal es clara: la seguridad vial ya no puede pensarse solo como control de infracciones, sino como una política de convivencia en el espacio público.
El permiso por puntos es el punto más estructural. Su eventual aplicación permitiría construir un historial de conducta del conductor y distinguir entre una infracción aislada y comportamientos reiterados de riesgo. Pero su eficacia dependerá de algo más complejo que la norma: que las intendencias compartan información, apliquen criterios comunes y sostengan controles consistentes en todo el país. Sin coordinación real, un sistema nacional puede quedar reducido a una buena intención.
La regulación de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal responde a una realidad que ya está en la calle. Estos medios no encajan del todo en las categorías tradicionales: no son peatones, no son bicicletas convencionales y tampoco autos o motos. Regularlos no debería verse como una restricción, sino como una forma de integrarlos con seguridad. La discusión deberá definir por dónde circulan, a qué velocidad, con qué exigencias y bajo qué responsabilidades.
El tercer eje, la educación vial en la currícula formal, apunta al cambio más profundo. Supone entender que la conducta vial se forma antes de obtener una libreta de conducir. Peatones, ciclistas, pasajeros y futuros conductores también construyen —o deterioran— la seguridad en las calles. La prevención, en este sentido, puede ser más transformadora que la sanción.
Los tres temas tienen un hilo común: requieren coordinación entre instituciones. Las intendencias, Unasev, el Poder Ejecutivo, el Parlamento y el sistema educativo deberán convertir el acuerdo en reglas claras, aplicables y sostenidas. El comunicado marca bien los asuntos centrales; el desafío estará en pasar de la agenda compartida a una política que modifique conductas y reduzca riesgos.
La lectura de fondo es que Uruguay empieza a discutir la seguridad vial desde una perspectiva más amplia. Ya no alcanza con licencias, matrículas, multas e inspecciones. La movilidad cambió, las ciudades también, y el Estado necesita adaptar sus herramientas a una convivencia cada vez más diversa y exigente.
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