Montevideo, 27 ago (EFE).- La decisión del Gobierno uruguayo de gravar con un IVA del 22 % las compras hechas por plataformas de internet fuera de Estados Unidos ante el crecimiento de adquisiciones a través del gigante chino Temu fue considerada como adecuada pero insuficiente por la Confederación de Cámaras Empresariales del país.
Así lo indicó este miércoles su presidente, Leonardo Loureiro, quien dialogó con la prensa luego de reunirse en la sede del Poder Ejecutivo con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi.
«Es una medida que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas y nos parece adecuada. Escuchó a las cámaras empresariales, que estaban preocupadas por esa temática. No termina siendo suficiente. Es obviamente una cosa que había que hacer», dijo.
De acuerdo con esto, explicó que si un producto que se trae por el sistema de importación tradicional cuesta 1.000 pesos, puede darse la posibilidad de que en Temu cueste 100 pesos y con la sobrecarga alcance los 200 pesos, por lo que el incremento «termina siendo insuficiente».
El pasado jueves, Orsi expresó su apoyo a la medida anunciada por su equipo económico y que será incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal que ingresará esta semana al Parlamento.
Si bien la ley uruguaya permite a sus ciudadanos un «régimen de franquicias» en el que cada usuario tiene derecho a tres compras anuales libres de impuestos de aduana de 200 dólares cada una, la medida -según el mandatario- responde a los reclamos de los empresarios del sector comercial del país por el aumento exponencial de las compras digitales.
«(Es un tema que) algunas cámaras empresariales y sectores empresariales uruguayos nos han planteado con preocupación y lo que se nos ocurre es gravar como a cualquier otro producto. Acá se apunta a la equidad, no sé si a la justicia pero sí a la equidad», afirmó Orsi días atrás.
Pese a esto, Loureiro aclaró que este tema no fue hablado en la reunión de este miércoles, donde sí dialogó con el presidente sobre otros asuntos como la conflictividad laboral.
«Nosotros le planteamos al presidente que estamos preocupados por la conflictividad laboral. Hay algunas encuestas que están marcando que puede haber un descenso en inversión industrial y privada y uno de los temas que se pone como motivo es la conflictividad laboral. Es un tema que obviamente nos preocupa», dijo.
Finalmente, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales dijo que actualmente la agenda pública «está demasiado poblada» y que muchos asuntos deberían ser dejados para más adelante.
Actualmente, la central sindical PIT-CNT busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales con pago de 48 horas, al tiempo que mantuvo reuniones con el Gobierno para plantear la posibilidad de de gravar al 1 % más rico de la población como medida para combatir la pobreza infantil. EFE
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