En el departamento de Colonia funcionan actualmente 28 policlínicas públicas, de las cuales ocho están ubicadas en la ciudad de Carmelo. Integran la Red de Atención Primaria (RAP), estructura encargada de sostener el primer nivel de atención en salud pública. Estos centros descentralizados cumplen un rol esencial para el acceso a la salud en los barrios, especialmente en contextos donde el hospital está lejos o saturado. No obstante, las dificultades edilicias, la falta de coordinación entre instituciones y las tensiones dentro de las comisiones vecinales revelan un sistema que necesita fortalecerse.
Una red descentralizada, pero frágil
Las policlínicas barriales dependen de la Red de Atención Primaria y no del hospital local, aunque ocasionalmente comparten profesionales médicos. El personal fijo —enfermería, administración, auxiliares—, así como el mobiliario, tecnología, suministros y mantenimiento básico, son provistos por esta red. Las policlínicas pueden operar todos los días o solo una vez a la semana, dependiendo de la zona y la demanda. Algunas funcionan en locales comunitarios; otras, en sedes propias con diferente grado de infraestructura.
Comisiones de vecinos: actores clave sin regulación clara
En este entramado, las comisiones de usuarios juegan un papel fundamental. Estas agrupaciones barriales colaboran de forma voluntaria con tareas de apoyo a la policlínica: mantenimiento edilicio, limpieza, coordinación con autoridades y vigilancia del servicio. No reciben remuneración, ni ostentan funciones de gestión, pero suelen ser el nexo entre el Estado y la comunidad. Sin embargo, no existe una normativa clara y operativa que regule su renovación ni su funcionamiento. Las autoridades sanitarias no participan en las elecciones ni asambleas, y se limitan a recibir actas que acrediten quiénes integran las comisiones. Esto ha generado situaciones de vacío, conflictos de representación o escasa participación.
El caso Policlínica Saravia: deterioro y riesgo sanitario
La situación más crítica se vive actualmente en la policlínica del Barrio Saravia, en Carmelo. El local presenta graves problemas edilicios: humedad, hongos en paredes y techos, instalaciones deterioradas y condiciones que han sido consideradas riesgosas tanto para el personal como para los pacientes. Algunas consultas médicas han sido suspendidas, y el equipo de salud ha manifestado dificultades para seguir operando en el lugar.
Pese a que existe un centro de salud cercano, la policlínica del Saravia sigue siendo una referencia importante para personas mayores o con movilidad reducida. Se ha intentado mantener abierta con visitas médicas mínimas, pero las condiciones laborales y sanitarias están lejos de ser las adecuadas.
Desde hace meses, los intentos por formar una nueva comisión vecinal han generado tensiones internas. A su vez, hay preocupación por situaciones de vandalismo en el entorno del local, lo que dificulta aún más su funcionamiento.
Una obra pendiente: papeles, coordinación y voluntad política
Existe un proyecto para relocalizar la policlínica de Saravia en un nuevo terreno, que habría sido expropiado por la administración departamental. Sin embargo, aún no se cuenta con la documentación legal que habilite el inicio de obras. La RAP ha manifestado su disposición a equipar la futura sede con personal, mobiliario, tecnología y recursos médicos, pero la construcción de la obra civil depende de otros niveles de gobierno.
Se espera que, una vez despejado el marco legal del terreno, se establezca una coordinación formal entre los equipos técnicos correspondientes para avanzar en un diseño que contemple las necesidades del barrio. No se trata de ubicar container provisorios, sino de garantizar un espacio digno, accesible y saludable para el trabajo del personal y la atención de la comunidad.
Una señal de alarma con proyección departamental
Lo que sucede en la policlínica del Barrio Saravia no es un caso aislado, sino un ejemplo extremo de un modelo que, sin inversión ni articulación real, corre el riesgo de desintegrarse. Las policlínicas barriales fueron pensadas para acercar el sistema de salud a los territorios, pero muchas veces terminan dependiendo exclusivamente de la voluntad de vecinos o del esfuerzo individual de algunos funcionarios.
Una política pública de salud territorial requiere más que buenas intenciones: necesita estructuras sólidas, roles bien definidos, participación vecinal genuina y planificación conjunta entre instituciones. La experiencia del barrio Saravia deja en claro que sin condiciones adecuadas de trabajo y sin respeto por los procesos comunitarios, la red de atención se vuelve frágil y desprotege a quienes más la necesitan.
El desafío es transformar este foco de conflicto en una oportunidad para pensar políticas de salud integrales, sostenidas y participativas. Porque la salud no se construye solo en los hospitales, sino en los barrios. Y allí, hoy, la urgencia es evidente.
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