El cierre de la planta en Tarariras dejó 107 despidos y afectó a unos 80 pequeños productores. El Senado analiza alternativas junto a los trabajadores.
La situación de la empresa láctea Calcar se agravó esta semana con la apertura del concurso de acreedores, tras el anuncio de su cierre en la ciudad de Tarariras, Colonia. La Comisión de Asuntos Laborales del Senado recibió a representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y de la Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar (Altrac), en una sesión enfocada en las consecuencias del cierre para empleados y productores.
Gustavo González, presidente de la Comisión, advirtió sobre la complejidad del proceso judicial, que incluye la designación de un síndico y la posibilidad de una venta en bloque de la empresa. “La deuda supera los 3,6 millones de dólares. No es una situación sencilla de revertir”, declaró en diálogo con El País.
Pese a la falta de cobro de jornales, los trabajadores continúan operando. González destacó esta actitud y subrayó que desde Altrac se planteó la creación de una empresa autogestionada, con el objetivo de preservar la unidad productiva.
Impacto social y reclamos por el uso del fondo FRIL
El cierre de la planta dejó sin empleo a 107 personas y afectó directamente a unos 80 pequeños productores. “El problema se agrava en localidades pequeñas como Tarariras”, remarcó el senador, quien además anunció que se citará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para analizar medidas que amorticen el impacto del cierre.
Durante la sesión, surgieron cuestionamientos al funcionamiento del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL). Según González, la empresa sostiene que parte de esos recursos podría utilizarse para saldar salarios y aguinaldos pendientes. No obstante, para liberar esos fondos se requiere la autorización del Poder Ejecutivo. En caso de concretarse esa vía, la Comisión presentaría una minuta ante el Parlamento. “Hay que estudiarlo y analizarlo”, afirmó.
Comentarios