Un dato que no pasa desapercibido: en un municipio del interior del país, el 90% de los candidatos a la alcaldía no completaban el ciclo básico de educación. La cifra, en sí misma, habilita una discusión más amplia: ¿cuánto incide la formación educativa en la elección de autoridades locales?, ¿es una condición para una buena gestión?, ¿lo valora el electorado?
En Uruguay no se exige tener estudios formales para ser candidato a un cargo de representación. La Constitución y las normas electorales garantizan el derecho a postularse a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos de edad, ciudadanía y residencia. Sin embargo, la ausencia de estudios básicos en la mayoría de los candidatos abre una dimensión de análisis político, social y cultural que interpela tanto a la oferta como a la demanda electoral.
Desde un punto de vista técnico, completar el ciclo básico —al menos nueve años de educación formal— suele considerarse un piso mínimo en competencias como lectoescritura avanzada, comprensión de textos, manejo de información y habilidades sociales. Estas capacidades pueden incidir en la gestión pública, sobre todo en lo que refiere a la lectura e interpretación de normativa, elaboración de informes, rendición de cuentas o acceso a programas públicos.
Pero en el plano político, el escenario es más complejo. En muchas localidades del interior, la cercanía con el votante, la trayectoria comunitaria o el liderazgo barrial pesan más que los títulos. Las campañas se construyen más sobre el vínculo que sobre el currículum. En ese sentido, una persona sin formación académica formal puede ser vista como “uno de los nuestros”, con legitimidad de origen y conocimiento del territorio.
Los datos disponibles muestran que, en muchos casos, el electorado no castiga la falta de formación formal. Tampoco parece priorizarla como criterio de decisión. Esto responde, en parte, a una cultura política que valora la experiencia empírica y la presencia constante en el territorio. La política local se basa, muchas veces, en gestos cotidianos más que en programas complejos.
La formación básica una herramienta útil
Ahora bien, los desafíos de la gestión municipal han crecido. Los alcaldes no solo deben resolver problemas de alumbrado, barrido y limpieza, sino también gestionar fondos, elaborar proyectos con perspectiva de desarrollo y participar en redes institucionales que exigen cierto nivel técnico. En ese contexto, la formación básica puede ser una herramienta útil, aunque no excluyente, para desempeñar con eficacia el cargo.
Distintos especialistas coinciden en que la capacitación permanente puede ser una alternativa. Algunos gobiernos departamentales, en coordinación con instituciones públicas, han impulsado planes de formación para alcaldes y concejales. Pero estas iniciativas no siempre logran instalarse con continuidad.
El debate, por tanto, no es si se debe excluir a quienes no culminaron la educación básica, sino cómo garantizar que quienes asuman cargos públicos puedan acceder a formación que fortalezca su desempeño. Se trata de mejorar la calidad de la representación, sin perder de vista la legitimidad popular que otorga el voto.
En definitiva, la educación no es el único factor que incide en una buena gestión, pero sí puede ser un aliado. La política necesita de sensibilidad social, compromiso y liderazgo. Pero también de herramientas que permitan tomar decisiones informadas. Y en esa ecuación, el ciclo básico puede ser el punto de partida, no de llegada.
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