La política de drogas volvió a ganar un espacio institucional en Carmelo después de unos 15 años de ausencia. Ese fue uno de los anuncios centrales de la entrevista con el doctor Eugenio Petit y la licenciada en Psicología Leonella Riera, quienes describieron el reinicio de la Junta Local de Drogas y repasaron, además, el trabajo que viene realizando el dispositivo Ciudadela en el territorio.
El punto de partida es concreto: la Junta ya tuvo su primera sesión y comenzará a reunirse con una frecuencia mensual. Para Petit, el relanzamiento no es un gesto formal sino una herramienta para reconstruir capacidad de respuesta local. La idea, explicó, es que las instituciones vinculadas a la temática —salud, educación, desarrollo social, infancia, municipio y también el Ministerio del Interior— puedan articular acciones en función de una realidad específica, distinta de la de otras ciudades o departamentos.
En esa lógica, la descentralización deja de ser un eslogan y pasa a convertirse en método. La premisa es sencilla: los territorios no tienen los mismos recursos ni enfrentan los mismos problemas, por lo que las respuestas tampoco pueden ser idénticas.
Una Junta para prevenir, coordinar y acercar respuestas
Petit subrayó que la Junta Local de Drogas no nace para resolver por sí sola el narcomenudeo ni para sustituir la acción policial. Su campo de mayor fortaleza, dijo, está en la prevención y en la capacidad de abrir caminos hacia el tratamiento y la rehabilitación.
Eso no implica negar la dimensión delictiva del problema. La represión del delito, señaló, sigue siendo necesaria, pero corresponde a otros organismos. La Junta, en cambio, busca actuar antes: generar redes, anticipar situaciones, fortalecer el tejido institucional y dar una puerta de entrada a familias y usuarios que muchas veces no saben adónde recurrir.
La integración de actores como la Policía o Bomberos se inscribe en esa visión amplia. No se trata de «militarizar» la respuesta, sino de reconocer que el consumo problemático y sus consecuencias atraviesan múltiples áreas del Estado y de la comunidad.
Ciudadela: una puerta de entrada para usuarios y familias
La otra gran pieza del esquema es el dispositivo Ciudadela, que Riera coordina en el departamento. Forma parte de la Red Nacional de Atención en Drogas de la Junta Nacional de Drogas y trabaja en prevención, orientación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
En Colonia, ese dispositivo funciona en Carmelo, con extensión hacia Nueva Palmira, y existen también servicios en Juan Lacaze y Nueva Helvecia. La modalidad principal es ambulatoria: las personas acuden al servicio, reciben información, asesoramiento y tratamiento, y sus referentes socioafectivos también pueden ser acompañados.
Riera insistió en un aspecto central: el acceso es gratuito, abierto a toda la población y sin límite de edad. No hace falta llegar derivado por un médico. Hay usuarios que arriban desde los prestadores de salud, otros por recomendación de centros educativos, vecinos, amigos o familiares, y también los hay por derivaciones judiciales. Pero incluso en esos casos, explicó, el trabajo apunta a construir una demanda propia y una mínima disposición al tratamiento.
En Carmelo, Ciudadela funciona desde 2017. Tras pasar por distintos locales, hoy atiende en dependencias del Mides, con horarios distribuidos entre martes, miércoles y jueves. En las próximas semanas, adelantó Riera, retomará además el grupo de familiares y referentes socioafectivos, y proyecta reforzar el trabajo grupal con usuarios para ampliar la capacidad de atención.
Más de 200 personas al año
Petit reconoció que durante mucho tiempo el equipo optó por un perfil bajo. La prioridad era responder con rapidez y sostener la calidad del abordaje con recursos humanos acotados. Esa estrategia, dijo, permitió asegurar tiempos razonables de respuesta ante situaciones complejas.
Ahora, sin embargo, consideran necesario comunicar más. No para celebrar logros, sino para desmontar la idea de que no existe ninguna respuesta pública frente al problema.
Según indicó, el dispositivo atiende a más de 200 personas diferentes por año solo en Carmelo. No se trata de consultas repetidas, remarcó, sino de usuarios registrados nominalmente en la base de datos de la Junta Nacional de Drogas. Aun así, admitió que ese número no cubre todo el universo de la problemática ni alcanza para responder a todas las situaciones.
La expansión hacia Nueva Palmira surgió, justamente, de una necesidad práctica: había personas que no podían sostener el traslado a Carmelo por falta de dinero, dificultades de movilidad o problemas cotidianos. La respuesta fue mover parte del equipo hacia esa ciudad y complementar la asistencia con personal de salud local capacitado.
El consumo no tiene un solo rostro
Consultada sobre el perfil de los usuarios, Riera fue tajante al desarmar un prejuicio todavía persistente: el consumo problemático no pertenece a un único estrato social. Hay personas de distintas edades y de diferentes situaciones socioeconómicas.
Sí observan, dijo, una concentración mayor entre adultos jóvenes, aunque el servicio recibe casos muy diversos. La heterogeneidad es, de hecho, una de las características del fenómeno.
También en el plano de las sustancias el panorama es más complejo de lo que suele suponerse. En Uruguay, recordaron ambos profesionales, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida y una de las que más problemas genera, aunque muchas veces esa gravedad no sea percibida como tal. A eso se suman el tabaco, el uso no indicado de psicofármacos y, más recientemente, la preocupación por el aumento del consumo de bebidas energizantes y sus mezclas.
En paralelo, sustancias como la cocaína, la pasta base producen daños intensos y forman parte de buena parte de las consultas.
Petit añadió otro punto sensible: el consumo de marihuana en adolescentes y jóvenes no puede ser leído con liviandad. Aunque no siempre desencadene cuadros agudos o consultas de emergencia, puede afectar procesos cognitivos, aprendizaje, memoria y trayectorias educativas en una etapa de desarrollo todavía incompleta.
Qué pasa en las crisis
Uno de los tramos más delicados de la entrevista giró en torno a las urgencias: qué hacer cuando una persona está en crisis y la familia no sabe cómo contenerla.
Riera fue precisa. Ciudadela no es un dispositivo de atención de emergencia. En situaciones críticas, la indicación es recurrir al prestador de salud correspondiente, público o privado, para que el equipo médico haga la valoración clínica, psiquiátrica y decida si corresponde internación, medicación u otro tipo de intervención.
A esa vía se suma la línea gratuita *1020, disponible las 24 horas, pensada para asesorar, orientar y contener a familiares o personas que atraviesan una situación urgente.
Dentro de la Red Nacional de Atención en Drogas existe además una unidad de desintoxicación el Portal Amarillo, cuyo ingreso se coordina desde una puerta de emergencia y mediante articulación médica. Allí, señalaron, el movimiento de cupos es dinámico: a veces el paciente debe permanecer algunas horas, incluso hasta el día siguiente, en la emergencia local hasta que se habilite una cama.
Petit destacó que el sistema ha mejorado respecto de años atrás. Según dijo, ya no ocurre con la frecuencia de antes que hospitales o servicios rechacen a estos pacientes por no contar con psiquiatra de guardia o por no sentirse preparados para asistirlos. Hoy, sostuvo, la problemática del consumo está más reconocida como parte del campo de la salud.
Internación, cuando hace falta
Ni Petit ni Riera defendieron la internación como respuesta automática. Ambos insistieron en que la mayoría de los usuarios puede trabajar de forma ambulatoria y obtener buenos resultados terapéuticos sin necesidad de ingresar a un residencial.
Cuando el abordaje ambulatorio no alcanza, el equipo coordina con centros residenciales de la red nacional, ubicados fuera del departamento, en ciudades como Montevideo, Maldonado, Tacuarembó, Artigas o Durazno. Para esa derivación se requiere valoración psiquiátrica y una serie de condiciones clínicas y de seguridad.
Ahí aparece una de las tensiones más difíciles del sistema: el tiempo entre la decisión de derivar y la disponibilidad efectiva del recurso. En ese lapso, explicaron, pueden ocurrir varias cosas. Algunas personas sostienen la decisión y esperan; otras, en cambio, reordenan parcialmente su vida, recuperan algún vínculo o encuentran en el trabajo ambulatorio una alternativa suficiente, y terminan desistiendo de la internación.
Petit admitió que la experiencia también les enseñó a ser más cuidadosos al momento de postular usuarios. Antes, dijo, a veces se derivaba a personas que todavía no estaban preparadas para sostener un tratamiento residencial, lo que terminaba en regresos tempranos. Hoy el equipo procura afinar mejor esa valoración para cuidar un recurso escaso y mejorar las posibilidades de éxito.
Salud mental y falta de especialistas
La entrevista también puso sobre la mesa una preocupación estructural: la fragilidad de la red de salud mental en el interior, atravesada por la falta de especialistas y la saturación de servicios.
Riera explicó que, tras la jubilación de Petit como coordinador médico del dispositivo, el componente médico se reorganizó mediante coordinación con la RAP y ASSE. La red, sostuvo, sigue funcionando, aunque en un contexto exigente.
Petit, por su parte, describió el mecanismo habitual en ASSE cuando aparece una situación que requiere derivación: intervención de la guardia, interconsulta psiquiátrica, estudios básicos y eventual traslado a un dispositivo específico. En Colonia, añadió, existe un psiquiatra de alta dedicación que, aunque no esté de guardia permanente, permite activar respuestas en plazos breves.
No es una estructura holgada. Pero, según ambos, sí existe un camino asistencial que antes era más precario y que hoy, con dificultades, ofrece mayores garantías.
Una agenda sensible que pide menos ruido y más presencia
La conversación dejó una conclusión de fondo: el problema del consumo no admite simplificaciones. No se resuelve solo con represión, tampoco solo con campañas preventivas, ni exclusivamente con camas de internación. Requiere instituciones que hablen entre sí, presencia territorial, equipos técnicos estables y dispositivos capaces de trabajar con usuarios y familias sin estridencias, pero con continuidad.
En ese marco, el reinicio de la Junta Local de Drogas en Carmelo aparece como una apuesta a recomponer esa trama. Y el trabajo de Ciudadela, menos visible que otras respuestas del Estado, busca consolidarse como una referencia concreta para una comunidad que convive desde hace años con un problema de enorme sensibilidad social.
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