La derogación de la ordenanza que regulaba la actividad de los cuidacoches en el departamento de Colonia —una decisión adoptada por la Junta Departamental y que ha generado repercusiones a nivel nacional— sumó este miércoles la posición pública del intendente Guillermo Rodríguez.
Consultado sobre el tema, el jefe comunal aclaró en primer término que la resolución aún debe cumplir una instancia formal para entrar en vigor. “Para que entre en rigor hay que promulgarlo”, señaló, en referencia al procedimiento administrativo necesario para que la decisión de la Junta quede efectiva.
Rodríguez sostuvo además que la implementación de la medida requiere coordinación institucional. “Hay que conversar con Fiscalía, con el Ministerio del Interior y el jefe de Policía”, afirmó, aludiendo a los organismos que tendrían intervención ante eventuales situaciones derivadas de la actividad en el espacio público.
El intendente remarcó que la iniciativa no surgió del Ejecutivo departamental. “No es un proyecto que el gobierno departamental manda a estudio de la Junta, surge de la propia Junta”, expresó. De todos modos, indicó que durante el proceso se realizaron consultas con distintos actores, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), organizaciones sociales y la Dirección de Tránsito de la Intendencia.
En ese marco, Rodríguez adoptó una posición de apertura frente al escenario planteado. “Creo que este tipo de cosas hay que conversarlas entre todos”, sostuvo, y agregó: “Siempre vamos a estar dispuestos a conversar para llegar a buen puerto”.
La resolución de la Junta Departamental, que deja sin efecto la ordenanza vigente desde 2004 que regulaba la actividad de los cuidadores de vehículos, ha generado debate político y social en Colonia y fuera del departamento. Diversos portales informativos han señalado que el tema trascendió el ámbito local por las implicancias que podría tener en otros territorios donde la regulación de la actividad también está en discusión.
La postura del intendente introduce ahora un componente institucional adicional: la necesidad de coordinación con autoridades nacionales en materia de seguridad y justicia, en un asunto que combina regulación del espacio público, políticas sociales y competencias departamentales.
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