El Congreso de Intendentes resolvió encomendar a un equipo de jefes departamentales y asesores la elaboración de un documento que proponga la readecuación del sistema de multas de tránsito, en un contexto marcado por la persistencia de altos índices de siniestralidad vial en Uruguay.
La decisión fue adoptada por el Plenario tras analizar el estado de situación de las infracciones y sanciones aplicadas en todo el país. El objetivo, según explicó en rueda de prensa el presidente del Congreso, Nicolás Olivera, es presentar a la brevedad una propuesta que no se limite a la recaudación, sino que apunte a modificar conductas y reducir las muertes en el tránsito.
Multas y conducta: más allá del valor económico
Olivera sostuvo que el equipo de trabajo buscará “mejorar la siniestralidad”, al advertir que en Uruguay las muertes por accidentes de tránsito superan a las provocadas por homicidios. En ese marco, remarcó que los errores al volante “no se miden en plata, se miden en vidas”, subrayando la dimensión social del problema.
El planteo introduce un eje de análisis que excede el debate sobre montos y fiscalización. Según el presidente del organismo, la aplicación de sanciones carece de eficacia si no genera un impacto real en la conducta del infractor. De allí que la eventual reforma no solo contemple la revisión de valores, sino también su capacidad disuasoria.
El enfoque supone una revisión integral del sistema: por un lado, se estudia la posibilidad de ajustar los importes para que resulten “pagables al bolsillo de un trabajador”; por otro, se busca que mantengan su finalidad correctiva y preventiva. La tensión entre accesibilidad económica y efecto disuasivo aparece como uno de los principales desafíos técnicos y políticos del proceso.
Un problema estructural
Las declaraciones del titular del Congreso colocan la discusión en un plano estructural. La comparación entre víctimas de siniestros de tránsito y homicidios instala el tema en la agenda pública como un asunto de seguridad y salud colectiva.
El tránsito, en esta perspectiva, deja de ser un problema meramente administrativo para convertirse en una cuestión de cultura vial. La referencia a “cómo manejamos los uruguayos” apunta a prácticas arraigadas que exceden el control policial o el monto de las sanciones, y que requieren políticas sostenidas de educación y concientización.
En esa línea, Olivera anunció que el Congreso de Intendentes impulsará una campaña de seguridad vial para complementar las medidas que finalmente se adopten. La iniciativa buscará reforzar el componente pedagógico de la política pública, en paralelo con la revisión normativa.
Coordinación departamental y alcance nacional
La decisión de encomendar el estudio a un equipo integrado por intendentes y asesores refleja la dimensión interdepartamental del sistema de multas, cuya aplicación depende de las administraciones locales pero impacta en la circulación a escala nacional.
La futura propuesta deberá armonizar criterios entre departamentos y contemplar la realidad económica de los conductores, sin perder de vista el objetivo central: reducir la siniestralidad y evitar nuevas muertes.
El proceso recién comienza, pero el diagnóstico es claro: para las autoridades departamentales, el debate sobre las multas no puede limitarse a su valor monetario. La discusión, según se desprende de lo planteado por el presidente del Congreso, apunta a redefinir el equilibrio entre sanción, equidad y prevención en una problemática que sigue cobrándose vidas en las rutas y ciudades del país.
Comentarios