La Junta Departamental de Colonia celebró el miércoles 3 de diciembre una sesión extraordinaria destinada a analizar la situación expuesta en el expediente N.º 2025-83-2-0193, relacionado con una denuncia realizada por una funcionaria del Municipio de Carmelo. La sesión fue presidida por la primera vicepresidenta de la corporación, Magdalena Fuentes, y contó con la participación de ediles de todos los partidos representados.
La resolución adoptada por el plenario fue recibir en régimen de comisión general al Concejo Municipal de Carmelo, incluyendo al alcalde y a los concejales, con el objetivo de obtener información directa y esclarecer los hechos mencionados en la denuncia. Este mecanismo —previsto para abordar asuntos con necesidad de intercambio detallado— permitió que los legisladores departamentales formularan preguntas y solicitaran precisiones vinculadas al funcionamiento interno del gobierno local y a los procedimientos administrativos aplicados.
El planteo político en torno a la igualdad de oportunidades
Durante las horas posteriores a la sesión, el edil Carlos Fernández (1001, Frente Amplio) difundió una reflexión en sus redes sociales en la que detalló su posición sobre el tema tratado. Señaló que la instancia se convocó para intercambiar sobre la situación denunciada por la funcionaria y sostuvo que, a su entender, el procedimiento utilizado respondía a decisiones políticas que —según escribió— habrían alterado “las reglas de juego” en el tratamiento del caso.
Fernández indicó que en la comisión general se realizaron diversas consultas al Concejo Municipal, entre ellas si el órgano reconocía que la ausencia de igualdad de oportunidades, la falta de atención a los planteos de los trabajadores y el no respeto de las carreras funcionales podían derivar en situaciones como la denunciada.
El edil también manifestó preocupación por una declaración pública realizada por un concejal del Municipio de Carmelo, quien, según su interpretación, habría cuestionado los tiempos en que la funcionaria solicitó una categoría funcional. En su publicación, Fernández contrastó esa insinuación con la trayectoria laboral de la trabajadora, señalando que cuenta con 17 años de servicio y 14 años presupuestada.
Investigación administrativa en curso
La Junta Departamental no adoptó resoluciones adicionales, dado que el caso se encuentra bajo investigación administrativa en la órbita de la Intendencia de Colonia. Según expresó la bancada 1001, continuará evaluando las actuaciones y los eventuales pasos a seguir una vez que la investigación avance.
Lo ocurrido volvió a colocar en debate aspectos vinculados al funcionamiento del sistema escalafonario, las condiciones de ascenso interno y la necesidad de contar con procedimientos administrativos claros y verificables. La sesión extraordinaria permitió recoger versiones institucionales, pero será la instancia administrativa la que determine responsabilidades y valide, o no, los elementos planteados por las partes involucradas.
En este contexto, el episodio abre un espacio de análisis sobre la gestión de recursos humanos en los gobiernos locales y sobre la importancia de establecer mecanismos que garanticen transparencia, equidad y seguridad jurídica para los trabajadores de la función pública.
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