El ingeniero Carlos Colacce, director nacional de Hidrografía, confirmó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas evalúa una revisión del decreto que, durante la pandemia, redujo un 50 % las tarifas de amarre en los puertos deportivos del país. Aunque se trató de una medida excepcional, aún sigue vigente más de tres años después del inicio de la emergencia sanitaria.
«Nos encontramos con una situación bastante particular. No entiendo bien por qué hay que subsidiar a los dueños de los yates en una pandemia», declaró Colacce al Semanario Búsqueda, en una entrevista en la que también cuestionó la extensión indefinida de esta disposición. “Lo más extraño es que se mantuvo después de la pandemia”, subrayó.
El congelamiento tarifario se aplica a los principales puertos deportivos bajo administración nacional: Punta del Este, Piriápolis, Colonia y Carmelo, donde la Dirección Nacional de Hidrografía mantiene decenas de amarres públicos utilizados mayoritariamente con fines recreativos.
Impacto prolongado y cambio de perfil de usuarios
Según explicó Colacce, el abaratamiento de los amarres ha generado un efecto inesperado: muchas embarcaciones extranjeras, en especial argentinas, que antes llegaban por temporada, ahora permanecen durante todo el año en puertos uruguayos, aprovechando el bajo costo de permanencia. “No es que haya habido un descenso sustancial en lo que se recauda, pero de todas formas, no está bien”, afirmó.
El jerarca remarcó que estas instalaciones, pese a la demanda constante, mantienen tarifas desfasadas. “No podés tener amarras con una tarifa congelada, y menos con argumentos que no son del caso”, sostuvo.
Una nueva estructura tarifaria en preparación
Frente a este escenario, la ministra de Transporte y Obras Públicas encomendó a Hidrografía la elaboración de un nuevo decreto tarifario, actualmente en estudio. La revisión, según Colacce, no implicará incrementos abruptos, pero sí buscará corregir las distorsiones acumuladas. “De ninguna forma podemos plantear que puede haber un aumento brusco porque el Estado tiene que tener cuidado con esas cosas”, señaló.
La discusión en curso no es solamente contable. Supone también una revisión de fondo sobre el uso de los bienes públicos, la sostenibilidad de la infraestructura costera y la equidad tributaria entre quienes utilizan los puertos deportivos y el resto de los contribuyentes.
Inconsistencias normativas y puertos en transición
Colacce también abordó el proceso —todavía inconcluso— de traspaso de algunos puertos deportivos a la órbita de la Administración Nacional de Puertos (ANP), aprobado en el marco de la anterior Ley de Presupuesto. Según relató, la normativa fue modificada en una Rendición de Cuentas posterior, lo que introdujo una ambigüedad legal aún sin resolver.
“Si viene un marciano y le cuentan lo que está pasando, no lo va a entender”, ironizó. “Hubo un artículo en la Ley del Presupuesto anterior que definió que los puertos deportivos pasaban de Hidrografía a la ANP. No sé cuál fue el motivo. En una Rendición de Cuentas posterior cambió de que ‘pasarán los puertos’ a ‘podrán pasar’; pavada de diferencia”, explicó en diálogo con Búsqueda.
De hecho, los únicos puertos que llegaron a transferirse formalmente fueron los de Carmelo, Colonia y Piriápolis, mientras que otros, como el de Punta del Este, continúan bajo la órbita de Hidrografía. “El ‘podrán’ no quedó en nada más”, cerró.
Hacia una política portuaria coherente
El nuevo decreto buscará recuperar coherencia en el sistema de tarifas y competencias, reestableciendo una lógica de uso y mantenimiento acorde al volumen de embarcaciones y al rol turístico y recreativo de cada puerto. El equilibrio —entre recaudación, accesibilidad y promoción de la actividad náutica— será el eje del rediseño que se proyecta.
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