La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) publicó un informe titulado Acceso a la Justicia y Defensa Pública, en el que denuncia una serie de deficiencias que afectan el funcionamiento del sistema judicial y la atención a los sectores más vulnerables de la población.
El documento expone dificultades económicas, geográficas y estructurales que obstaculizan el acceso real a la Justicia, especialmente para quienes viven en zonas alejadas de los centros urbanos.
Justicia concentrada en las capitales
Una de las principales observaciones del informe es la concentración de los juzgados y defensorías en las capitales departamentales y el centro de Montevideo. Esta distribución, según AFJU, genera una barrera de acceso para los habitantes del interior profundo y zonas periféricas, que muchas veces carecen de medios para trasladarse.
La asociación recuerda el intento frustrado en 2023 de cerrar varios juzgados de paz seccionales en el interior del país, lo cual fue frenado por la presión de organizaciones sociales y actores políticos. Sin embargo, alerta que la política de reducción de sedes continúa generando efectos negativos: aumenta la burocracia, ralentiza los procesos judiciales y debilita la presencia del Estado a nivel local.
AFJU reclama la instalación de servicios de defensa pública, en especial en materia de familia, en áreas rurales y periféricas, además de programas de asistencia jurídica gratuita y orientación legal en los territorios más afectados por la exclusión social.
Una defensa pública con recursos limitados
El informe también destaca la alta demanda de asistencia jurídica gratuita en el país. En materias como familia, adolescentes infractores o causas penales, más del 90% de los casos reciben apoyo de la Defensa Pública.
A pesar de esa carga, la estructura actual enfrenta escasez de personal y recursos. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) ha solicitado la incorporación de al menos 150 nuevos defensores. Desde AFJU se advierte que cualquier aumento debe ser acompañado por un refuerzo en infraestructura y funcionarios de apoyo.
La organización rechaza el proyecto de ley que propone trasladar la Defensa Pública a un organismo descentralizado bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Considera que esto vulneraría la Constitución, afectaría la independencia técnica de los defensores y comprometería la imparcialidad del servicio.
El nuevo CPP y el aumento de la carga de trabajo
Otro de los puntos abordados en el documento es el impacto del nuevo Código del Proceso Penal, implementado en 2017. La reforma trajo aparejada una mayor participación de los defensores en todas las etapas del proceso penal, lo que incrementó de forma significativa la carga laboral.
Según AFJU, este nuevo contexto requiere profesionales más especializados, mayor disponibilidad horaria y mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, las asignaciones presupuestales no se han ajustado a estas exigencias, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema.
Reclamo por políticas públicas sostenidas
AFJU sostiene que el problema del acceso a la justicia no se resuelve con cambios administrativos, sino con decisiones de política pública que prioricen a los sectores más vulnerables.
Entre sus propuestas figuran la creación de defensorías en zonas rurales, la articulación con servicios de salud y educación, la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y la optimización del presupuesto actual sin crear estructuras nuevas que desvíen recursos.
La organización concluye que garantizar el acceso a la Justicia es una responsabilidad del Estado y que debe abordarse con urgencia, especialmente en un contexto de creciente demanda social y desigualdades territoriales.
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