Tras intensas negociaciones que se extendieron desde la noche del martes hasta el mediodía del miércoles, el presidente Yamandú Orsi y el titular del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, sellaron un acuerdo que pone fin al prolongado desencuentro entre el Ejecutivo y los gobiernos departamentales por la distribución de recursos.
El entendimiento, alcanzado en el límite del plazo constitucional —31 de julio—, contempla dos de las principales exigencias de los intendentes: una mayor participación en la gestión del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y un reparto más equitativo del nuevo fondo de US$ 80 millones anunciado por el gobierno.
Con el nuevo esquema, los gobiernos departamentales pasan a administrar el 45% del FDI, frente al 40% anterior. El restante 55% seguirá en manos del Ejecutivo. Si bien el fondo está destinado en su totalidad al interior del país, hasta ahora la mayoría de los recursos eran manejados desde el nivel central.
En paralelo, también se reestructuró la distribución del fondo adicional que comenzará a ejecutarse en 2028. Inicialmente, el gobierno había propuesto una partición equitativa entre Montevideo y Canelones por un lado, y el resto del interior por otro. El nuevo criterio, impulsado por Orsi, asigna aproximadamente US$ 45 millones a las 17 intendencias del interior y US$ 35 millones a los departamentos de la zona metropolitana.
“El principio que se mantiene es el de fortalecer a los gobiernos territoriales, sin perder de vista la cohesión nacional”, explicaron fuentes oficiales.
La solución, avalada por unanimidad por los jefes comunales, destraba un conflicto que amenazaba con profundizarse y tensionar aún más la relación entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes.
Durante la reunión de este miércoles, Orsi asistió personalmente a la sede del Congreso para saludar a los intendentes y sellar el pacto. “Es buena cosa que me refresquen la necesidad de que desde el territorio se haga escuchar la voz”, expresó el presidente. En un tono conciliador, valoró la disposición de todas las partes a “ceder un poquito” y subrayó que, en tiempos de polarización, los consensos tienen un valor especial.
El director de la OPP, Rodrigo Arim, también celebró el acuerdo y afirmó que el gobierno estaba “conforme” con el resultado de las conversaciones. Desde el Ministerio de Economía, por su parte, se comprometieron a acompañar la implementación técnica del nuevo esquema.
Con este desenlace, el Poder Ejecutivo refuerza el vínculo con los gobiernos departamentales y asegura un cierre ordenado del proceso de asignación de recursos, sin alterar el monto global previsto, pero ajustando el modelo de gobernanza. El gesto político de Orsi, clave en la resolución del conflicto, le permite además proyectarse como un articulador eficaz en su primera gran negociación interinstitucional como jefe de Estado.
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