La noche del 17 de julio terminó con una muerte que no debería haber ocurrido. L.D.L.V., un adolescente de 16 años, fue hallado con una herida de bala en la cabeza en el patio de una vivienda del barrio El General, en la ciudad de Colonia del Sacramento. A pesar de haber sido trasladado con urgencia por una emergencia móvil, su deceso fue confirmado por el centro médico al día siguiente.
El comunicado de la Jefatura de Policía de Colonia informa que los efectivos acudieron tras un llamado al 911 alertando por disparos de arma de fuego. La Fiscalía Letrada de Colonia trabaja ahora junto a Policía Científica y personal de investigaciones para esclarecer el hecho.
Pero más allá de la escena del crimen, este caso convoca una reflexión sobre los territorios donde las balas tienen más presencia que el Estado, y donde la adolescencia transcurre entre la marginalidad estructural y el olvido institucional.
El General: territorio fragmentado
El barrio El General es, como muchos otros sectores periféricos del interior del país, una zona atravesada por múltiples exclusiones: urbanas, sociales, educativas y económicas. A menudo fuera del radar de la cobertura mediática nacional, estos lugares existen en una cartografía paralela, donde la ley formal convive con reglas informales y donde la presencia del Estado fluctúa entre lo intermitente y lo reactivo.
En ese marco, la violencia no aparece como fenómeno excepcional, sino como síntoma de una precariedad acumulada. Como ha explicado el politólogo Juan Pablo Luna —profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de investigaciones clave sobre América Latina—, muchos territorios de alta vulnerabilidad viven «una ciudadanía desanclada del Estado», donde los derechos y las instituciones funcionan de manera fragmentaria o residual.
En entrevistas y trabajos como “Seguridad, Estado y territorio en América Latina” (coautor junto a Nicolás Dammert y Claudio Fuentes, FLACSO Chile, 2018), Luna advierte sobre la privatización de la seguridad, la presencia desigual del Estado y cómo las redes criminales, aunque marginales, terminan ofreciendo una forma de orden —a menudo violento— que llena el vacío.
La adolescencia sin blindaje
L.D.L.V. tenía 16 años. Ningún comunicado oficial podrá borrar la evidencia de una vida apenas iniciada, interrumpida por un disparo. Su caso expone la crudeza de una adolescencia desprotegida, donde el futuro es más una consigna que una realidad.
En barrios como El General, las trayectorias de vida están cruzadas por factores estructurales que la política pública ha abordado con intermitencia: escolarización incompleta, precariedad habitacional, acceso limitado a salud mental, exposición temprana a la violencia y una lógica de sobrevivencia cotidiana.
El delito no ocurre en el vacío. En la mayoría de los casos, es el resultado de una trama de exclusión que no se resuelve con mayor presencia policial, sino con políticas sostenidas que reconstruyan tejido comunitario, oportunidades y confianza.
El Estado que llega tarde
La policía llegó tras los disparos. Actuó, como lo indica el protocolo. Pero el hecho ya estaba consumado. La investigación buscará ahora establecer responsabilidades, encontrar a los autores, reconstruir una cronología. Y es necesario. Pero también es urgente revisar el marco más amplio: ¿qué había antes del disparo? ¿Qué no estaba? ¿Qué faltó?
La muerte de L.D.L.V. no es solo un caso criminal; es una señal de alarma. Un recordatorio de que el Estado debe disputar presencia en todos los rincones del territorio, no solo en los mapas.
Porque allí donde las instituciones no llegan con tiempo, siempre hay otras lógicas —más violentas, más inmediatas— dispuestas a ocupar el lugar.
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