Uruguay ha dado pasos firmes hacia el fortalecimiento del control marítimo, impulsado por iniciativas binacionales y el uso de tecnología de punta. Sin embargo, los episodios recientes en la costa del departamento de Colonia, donde 14 embarcaciones extranjeras huyeron sin ser interceptadas por la Armada, reflejan que la pesca ilegal sigue siendo una amenaza vigente, que desafía tanto a las autoridades como a las soluciones tecnológicas en desarrollo.
Un mar patrullado por algoritmos
Desde principios de 2025, se encuentra en fase de prueba un proyecto binacional entre Uruguay y el Reino Unido que busca identificar embarcaciones que operan fuera del radar legal. A través de satélites, drones y algoritmos de inteligencia artificial, la iniciativa pretende detectar actividades como la desconexión del Sistema de Identificación Automática (AIS), una táctica frecuente de la pesca no declarada y no reglamentada. El proyecto cuenta con el respaldo de la Embajada Británica y con la participación de la ONG Mar Azul Uruguayo, universidades locales y organismos estatales.
El embajador británico en Montevideo, Malcolm Green, destacó al Semanario Búsqueda, que se han iniciado capacitaciones dirigidas a técnicos de la Armada y de la Fuerza Aérea, centradas en plataformas digitales que permiten rastrear y analizar en tiempo real el comportamiento de flotas pesqueras globales. La detección de patrones anómalos, como trasbordos en alta mar, busca habilitar respuestas rápidas por parte de las autoridades.
Una huida sin consecuencias
Pese a esta avanzada tecnológica, la realidad en las costas uruguayas se impone con crudeza. El pasado 20 de marzo, la Subprefectura de Juan Lacaze intentó interceptar a cuatro de las 14 embarcaciones extranjeras detectadas en aguas del Río de la Plata. Las barcas hicieron caso omiso a los llamados de detención y escaparon hacia territorio argentino tras 45 minutos de persecución. En la fuga, los tripulantes arrojaron bultos al agua, cuyo contenido permanece desconocido.
La falta de detenciones y la imposibilidad de recuperar evidencias dejaron el incidente sin un desenlace claro. Según los reportes, se sospecha de pesca ilegal, contrabando o incluso tráfico de estupefacientes, aunque ninguna hipótesis ha sido confirmada. La Armada uruguaya difundió videos del operativo, pero no ha emitido información sobre avances en la investigación.
Continuidad informativa: una deuda pendiente
El caso de Juan Lacaze no es un hecho aislado. En 2023, otro incidente involucró a un buque pesquero chino desde el cual se lanzó una botella con un mensaje de auxilio. Aunque las autoridades abordaron el barco, no encontraron indicios de trata de personas, pero sí denuncias laborales. La investigación se diluyó sin sanciones ni seguimiento público.
Estas situaciones ponen en evidencia una constante: los hechos se reportan, pero rara vez se hace un seguimiento exhaustivo sobre sus consecuencias. ¿Qué sucede tras una persecución fallida? ¿Se abrió una investigación judicial? ¿Intercambió Uruguay información con Argentina? ¿Se identificó a las embarcaciones? Ninguna de estas preguntas tiene, por ahora, una respuesta oficial.
Tecnología sin voluntad política es solo tecnología
El uso de inteligencia artificial y geotecnologías posiciona a Uruguay como un país en transición hacia un control marítimo más riguroso. Sin embargo, como advierten las organizaciones civiles, sin una política de transparencia activa y sin acuerdos como el de Global Fishing Watch, los esfuerzos podrían diluirse. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos aún no ha firmado convenios que permitan el acceso abierto a los datos de posicionamiento de las embarcaciones, aunque se perciben señales de mayor apertura con la nueva administración.
Una lucha en curso
El desafío que enfrenta Uruguay es doble: sostener la cooperación internacional y consolidar mecanismos internos que garanticen la continuidad de las investigaciones y la aplicación efectiva de la ley. El mar territorial sigue siendo, al mismo tiempo, una fuente de riqueza y una frontera difusa donde confluyen intereses pesqueros, contrabando y delitos transnacionales.
La implementación de herramientas tecnológicas es un paso relevante. Pero, como revela el episodio en Juan Lacaze, el verdadero desafío radica en transformar los datos en acción, y las acciones en resultados visibles. Mientras tanto, el mar sigue siendo escenario de actividades que operan, muchas veces, a la sombra del Estado.
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