Durante varios años, el transporte fluvial de pasajeros entre Uruguay y Argentina, a través del puerto de Colonia, estuvo dominado por una misma empresa. Esa situación fue constatada oficialmente por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, según documentación difundida este jueves 29 de octubre por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El antecedente aparece en una respuesta al senador Robert Silva, quien había solicitado información sobre las diferencias entre Buquebus y Colonia Express por el acceso a las instalaciones necesarias para embarcar y desembarcar vehículos en el puerto de Montevideo.
La Comisión confirmó que en 2016, mediante el asunto 25/2016, la empresa Lumary S.A., operadora de Colonia Express, denunció a Los Cipreses S.A. y Navegación Atlántida S.A. por presuntas prácticas anticompetitivas.
La investigación examinó acuerdos de arrendamiento y charteo de embarcaciones. También delimitó el mercado del transporte fluvial de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires a través de Colonia.
En ese ámbito, el organismo constató que Los Cipreses, empresa vinculada a Buquebus, mantuvo una posición dominante durante el período comprendido entre 2009 y 2016.
Sin embargo, el procedimiento no permitió acreditar que las conductas investigadas hubieran restringido ilegalmente la competencia. Mediante la Resolución 138/017, del 26 de diciembre de 2017, la Comisión dispuso finalizar la investigación y archivar las actuaciones.
La existencia de una posición dominante, por sí sola, no constituye una infracción a las normas de competencia.
Una nueva controversia
Casi una década después, las empresas vuelven a protagonizar una controversia, esta vez relacionada con el acceso a infraestructura portuaria en Montevideo.
Colonia Express recibió del Ministerio de Transporte y Obras Públicas autorización para explotar una línea internacional de pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires. No obstante, la puesta en funcionamiento depende también de las condiciones de operabilidad del puerto.
La Administración Nacional de Puertos informó el 20 de octubre que todavía estaba evaluando una solución técnica presentada por la compañía y que no había otorgado la autorización portuaria correspondiente.
La respuesta del Ministerio de Economía incorpora ahora otra precisión: al 19 de octubre, la Comisión de Defensa de la Competencia no registraba actuaciones específicamente relacionadas con el conflicto por el pontón de embarque y desembarque de vehículos.
Esto no supone un pronunciamiento sobre la legalidad de las posiciones empresariales, sino que establece que el asunto no estaba siendo investigado específicamente por ese organismo.
Carmelo y las nuevas operaciones
En paralelo, Colonia Express continúa realizando gestiones vinculadas con sus instalaciones en el departamento.
El 1.º de octubre, la ANP autorizó a Lumary S.A. a instalar un puesto de atención y un sistema de registro automático de pasajeros en el puerto de Carmelo.
Esa resolución es independiente de las autorizaciones necesarias para explotar nuevas rutas fluviales.
El conjunto de actuaciones deja planteada una cuestión que excede a las empresas: las condiciones en que nuevos operadores pueden acceder a un mercado internacional de transporte, especialmente cuando necesitan utilizar infraestructura portuaria cuya disponibilidad es limitada.
El antecedente de 2017 demuestra que el funcionamiento de ese mercado ya había sido objeto de una investigación oficial. La controversia de 2026 plantea un escenario distinto, cuyo resultado administrativo todavía requiere nuevas definiciones.
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