Un político baja de un avión en Madrid, París, Washington o Beijing. Lo recibe una delegación. Hay un automóvil esperando. Después vendrán un hotel, reuniones, una fotografía frente a una bandera, quizá una cena oficial.
A miles de kilómetros, otra persona observa esas imágenes desde su teléfono.
No vio las ocho horas de reuniones. No escuchó las conversaciones reservadas. No sabe qué contacto se produjo en un pasillo ni qué negociación comenzó alrededor de una mesa.
Ve el avión. El hotel. La cena. Y hace una pregunta sencilla: ¿para qué fue?
Buena parte de la controversia contemporánea sobre los viajes oficiales puede comenzar allí.
No necesariamente en el viaje. En su significado.
Vivimos en un mundo conectado, pero no en un mundo sin lugares
Durante años se imaginó que la expansión de internet terminaría reduciendo drásticamente la importancia de las distancias. Si prácticamente cualquier conversación puede realizarse mediante una pantalla, ¿para qué cruzar el Atlántico para mantener una reunión?
La pregunta parece lógica. Pero contiene una paradoja. Cuanto más conectado se volvió el mundo, más importantes se hicieron determinados lugares.
El geógrafo francés Michel Lussault ha estudiado precisamente esa transformación. Su concepto de “hiperlugar” describe espacios donde se acumulan conexiones, actores, escalas, actividades e información. Son puntos particularmente intensos de la globalización.
Una cumbre internacional, una feria empresarial, una conferencia climática, un foro económico o una asamblea multilateral pueden funcionar temporalmente de esa manera: durante unos días, personas que habitualmente están separadas por miles de kilómetros coinciden físicamente en un espacio reducido.
Y eso produce algo difícil de reproducir completamente a distancia. No se viaja solamente para escuchar un discurso. Se viaja para estar allí.
“Estar allí” también es trabajar
La sociología de las movilidades llegó a una conclusión que puede parecer contradictoria: las tecnologías que permiten comunicarnos a distancia no necesariamente eliminan los viajes.
En ocasiones ayudan incluso a producirlos.
John Urry y Mimi Sheller cuestionaron la vieja idea de estudiar la sociedad como si estuviera compuesta por estructuras fundamentalmente inmóviles. Personas, dinero, imágenes, información, mercancías y decisiones circulan constantemente.
Pero esas redes que funcionan a distancia necesitan periódicamente momentos de encuentro físico.
Urry mostró que las relaciones sociales extensas pueden depender de episodios intermitentes de copresencia: encontrarse, conversar, mirar, reconocer al otro y construir confianza.
Una videollamada transmite palabras y rostros. Una reunión presencial contiene algo más.
Antes de comenzar alguien presenta a otra persona. Después aparece una conversación que no estaba programada. Durante un café se menciona un problema. En un corredor se acuerda continuar una negociación. Una delegación conoce a otra delegación.
Nada garantiza que eso produzca buenos resultados. Pero tampoco resulta metodológicamente serio afirmar que Zoom y una reunión presencial son equivalentes.
La política internacional también ocurre en los pasillos
Una parte incómoda del debate público surge porque buena parte del trabajo político internacional es difícil de fotografiar.
Las ceremonias son visibles. Las negociaciones no siempre.
Por eso puede producirse una inversión curiosa: aquello que constituye el decorado del viaje —hotel, avión, comidas, edificios— termina siendo más visible que aquello que eventualmente justifica el desplazamiento.
Una conversación de veinte minutos puede resultar políticamente más importante que una conferencia de cuatro horas. Pero la conferencia tiene programa, escenario y fotografías. La conversación quizá no deje ninguna.
Allí aparece uno de los problemas centrales de las misiones oficiales: el valor político de un viaje no siempre es inmediatamente demostrable.
Y cuando ese valor no puede explicarse, el ciudadano llena el vacío con aquello que sí puede observar.
El mismo hotel puede ser trabajo y parecer vacaciones
Existe además una confusión cultural difícil de evitar.
Los lugares de la diplomacia, los negocios internacionales y el turismo suelen ser exactamente los mismos.
Aeropuertos. Hoteles. Restaurantes. Centros de convenciones. Ciudades históricas. Balnearios. Grandes capitales.
El llamado turismo de reuniones y convenciones existe precisamente porque millones de personas se desplazan por razones laborales y, al hacerlo, utilizan infraestructuras que también utilizan los turistas.
Un ejecutivo que asiste durante tres días a una feria comercial puede dormir en el mismo hotel, comer en el mismo restaurante y sacarse una fotografía frente al mismo monumento que una persona que está de vacaciones.
La diferencia no está en el escenario. Está en el propósito.
Cuando el viajero es un funcionario público aparece una dificultad adicional: el dinero utilizado no es suyo. Entonces cada gesto adquiere un significado político.
El viaje oficial contiene una desigualdad imposible de borrar
Aquí aparece probablemente una de las claves más profundas del malestar. Mimi Sheller propone pensar la movilidad también desde la justicia. No todos podemos movernos de la misma manera.
Algunas personas disponen de pasaportes, dinero, tiempo, automóviles, aeropuertos y redes internacionales. Otras experimentan enormes dificultades simplemente para desplazarse diariamente dentro de su propia ciudad.
La movilidad es también un recurso. Y como cualquier recurso, está desigualmente distribuida.
El político tiene una característica particular: accede temporalmente a una capacidad extraordinaria de movilidad financiada por la sociedad. Puede cruzar continentes porque ocupa un cargo. Disponer de automóvil, alojamiento, pasajes y viáticos porque representa a otros.
Esa movilidad puede ser necesaria para desempeñar correctamente su función. Pero precisamente porque constituye un privilegio funcional, necesita una justificación mayor.
El problema ético comienza cuando quien dispone de esa movilidad parece olvidar que no le pertenece personalmente.
Quizás no moleste el viaje: molesta el privilegio
Imaginemos dos escenas.
En la primera, una delegación viaja diez mil kilómetros. Sus integrantes explican previamente sus objetivos, publican su agenda, utilizan recursos razonables, mantienen reuniones relevantes, informan sus costos y posteriormente muestran qué acuerdos, contactos o aprendizajes dejó la misión.
En la segunda, otra delegación realiza exactamente la misma distancia. No se conocen claramente los motivos, viajan acompañantes cuya presencia resulta difícil de justificar, existen gastos llamativos y al regreso nadie explica qué produjo el desplazamiento.
Los kilómetros son los mismos. La reacción social probablemente no.
Eso permite plantear una hipótesis: lo que genera rechazo no es necesariamente la movilidad, sino la percepción de apropiación privada de un recurso público.
El viaje deja entonces de parecer una herramienta de trabajo y comienza a parecer un beneficio del cargo.
Los detalles importan porque funcionan como símbolos
Desde una perspectiva puramente presupuestal puede ocurrir que una botella de vino, una comida demasiado costosa o una noche adicional de hotel tengan una incidencia mínima dentro del presupuesto de un Estado.
Políticamente pueden ser enormes.
¿Por qué?
Porque los ciudadanos no juzgan solamente contabilidades. También juzgan conductas. Un pequeño exceso puede convertirse en una representación de algo mayor: la sensación de que existen reglas diferentes para gobernantes y gobernados.
El problema de una habitación excesivamente lujosa no es solamente cuánto cuesta. Es lo que comunica.
Mientras una parte de la población administra cuidadosamente cada gasto cotidiano, observar a un representante utilizar con despreocupación recursos colectivos puede producir una ruptura simbólica.
Por eso la austeridad pública no debería confundirse necesariamente con viajar barato a cualquier precio.
Un funcionario no tiene obligación ética de hospedarse mal, realizar conexiones absurdas o perder jornadas enteras para ahorrar una cantidad insignificante.
La obligación debería ser otra: gastar de una manera razonable, proporcional y explicable.
La ética no consiste en no viajar
Una política de “no viajar” puede resultar tan irracional como una política de viajar sin límites.
Un gobernante que nunca sale de su territorio puede ahorrar pasajes y al mismo tiempo gobernar peor.
Puede desconocer experiencias. Perder contactos. Quedar fuera de circuitos de decisión. No comprender cómo funcionan otros territorios. La experiencia espacial también constituye conocimiento.
Conocer un puerto no es idéntico a mirar fotografías de un puerto. Recorrer un sistema ferroviario no equivale a leer su memoria técnica.
Visitar un barrio transformado por una política urbana permite percibir dimensiones que una presentación difícilmente reproduce.
La política, además, tiene una dimensión comparativa.
Viajar permite comprobar que determinados problemas considerados exclusivamente locales existen también en otros lugares y que otras sociedades desarrollaron respuestas diferentes.
Copiar automáticamente esas soluciones sería un error. Desconocerlas también.
La globalización también abarca las ciudades pequeñas
Existe otra cuestión. ¿Solamente deberían viajar los presidentes de grandes países?
¿Tiene sentido que el alcalde de una pequeña ciudad? se reúna con autoridades de una metrópolis europea?
La lógica espacial de la globalización sugiere que el tamaño no explica por sí solo la relevancia de una conexión.
Una ciudad pequeña puede necesitar tecnología para el tratamiento de residuos, como es el caso de Carmelo. Un departamento puede buscar inversiones como sucedió con el último viaje de la Intendencia de Colonia a Europa.
Una universidad regional puede desarrollar cooperación científica. Una administración local puede aprender sobre saneamiento, movilidad, patrimonio o gestión costera. La desigualdad de escala entre los interlocutores no vuelve inútil el encuentro.
De hecho, una función de las redes internacionales consiste precisamente en conectar territorios muy diferentes. El criterio debería volver a ser el mismo: qué finalidad pública justifica esa movilidad.
El verdadero problema aparece cuando no sabemos qué fueron a hacer
Las investigaciones internacionales sobre confianza institucional encuentran una relación importante entre la percepción de transparencia, la información que reciben los ciudadanos y la confianza que depositan en las instituciones.
Eso permite observar los viajes oficiales desde otro ángulo. Muchas administraciones informan mal sus misiones.
Antes del viaje anuncian algo parecido a “participará de importantes reuniones”. Durante el viaje aparecen fotografías. Después publican que “la agenda fue muy positiva”. Eso no alcanza.
¿Qué problema buscaba resolver? ¿Con quién se reunió? ¿Por qué esa reunión requería presencia? ¿Quiénes integraron la delegación?¿Por qué viajaron esas personas?¿Cuánto costó? ¿Qué compromisos se asumieron?¿Qué ocurrió seis meses después?
La transparencia no debería limitarse a publicar facturas. También debería explicar la racionalidad del viaje.
No todo resultado puede medirse en dólares
Aquí también existe un riesgo.
Exigir que cada misión regrese con una inversión inmediatamente cuantificable puede generar una concepción demasiado pobre de la política exterior.
Hay viajes destinados a negociar. Otros a aprender, a establecer contactos, a representar institucionalmente, a construir relaciones que quizá produzcan resultados años después, la diplomacia funciona mediante acumulación. No toda reunión termina con una firma. No toda conversación produce un contrato.
Y no por eso carece de valor. La evaluación debería considerar el propósito inicial.
Una misión comercial puede juzgarse por contactos y negocios generados. Una misión académica, por acuerdos de cooperación. Una diplomática, por objetivos políticos. Una visita técnica, por conocimiento transferido.
Lo importante es evitar una fórmula especialmente cómoda para el poder: afirmar que todo resultado es “intangible” y, por eso, imposible de evaluar.
Zoom resolvió una parte del problema, no el problema entero
La experiencia de los últimos años demostró que innumerables reuniones pueden realizarse remotamente.
Eso cambió el estándar ético. Antes podía justificarse un desplazamiento simplemente porque una reunión se celebraba en otro país. Hoy ya no debería alcanzar.
La pregunta razonable es: ¿qué aporta la presencia física que no aportaría una comunicación remota?
Pero esa pregunta no conduce necesariamente a cancelar el viaje.
Conduce a justificarlo mejor.
Una reunión informativa probablemente pueda realizarse por videoconferencia. Una negociación compleja de varios días, una misión comercial con decenas de actores, una inspección territorial o una cumbre diplomática pueden requerir copresencia.
La tecnología debería funcionar como filtro, no como dogma.
Hay una estética del poder que puede destruir la legitimidad del viaje
Un político puede realizar un viaje completamente legítimo y comunicarlo de la peor manera.
Fotografías excesivamente ceremoniales. Restaurantes. Brindis. Grandes hoteles. Comitivas. Tiempo libre exhibido sin contexto. Nada de eso demuestra por sí mismo una irregularidad. Pero construye una imagen.
Y la política se desarrolla también en el terreno de las representaciones. Aquí puede estar parte de la respuesta a la pregunta inicial.
A mucha gente quizá no le moleste que el político esté lejos. Le molesta verlo cómodo estando lejos.
Especialmente cuando la experiencia cotidiana en su territorio está marcada por problemas pendientes.
La fotografía del gobernante frente a un monumento extranjero puede interpretarse entonces menos como representación institucional que como distancia social.
No porque necesariamente lo sea. Sino porque así puede ser leída.
El viaje necesita regresar
Tal vez exista una regla sencilla para pensar éticamente las misiones oficiales: todo viaje público debería tener ida y vuelta también en términos políticos.
No alcanza con regresar físicamente. Debe volver algo al territorio. Información. Contactos. Acuerdos. Conocimiento. Cooperación. Inversiones. Capacidad institucional. Relaciones. O incluso la constatación honesta de que determinada iniciativa no funcionó.
Cuando nada de eso aparece, queda solamente la imagen del desplazamiento. Y entonces el viaje comienza a parecer turismo.
Estar donde está “el ruido”
En un mundo globalizado hay lugares y momentos donde se concentran temporalmente decisiones, personas, información y oportunidades.
No estar nunca allí también tiene un costo.
Lussault ayuda a comprender que la globalización no destruyó los lugares. Al contrario: produjo lugares extraordinariamente intensos donde distintas escalas del mundo se encuentran.
Urry ayuda a entender que una sociedad conectada digitalmente continúa necesitando encuentros físicos.
Sheller introduce la pregunta que la política no puede evitar: quién tiene derecho a moverse, en qué condiciones y bajo qué relaciones de poder.
Aplicados al viaje oficial, esos tres enfoques llevan a una conclusión menos moralista que la habitual.
Viajar no constituye por sí mismo un privilegio indebido. Puede constituir trabajo.
Pero cuando lo paga la sociedad, deja de ser simplemente movilidad individual. Es movilidad delegada.
El gobernante puede estar en París, Nueva York, Beijing, Bruselas o una pequeña localidad situada a treinta kilómetros de su despacho porque temporalmente posee la facultad de moverse en nombre de otros.
Ahí está la diferencia ética. No debería comportarse como alguien a quien el cargo le permitió conocer el mundo. Debería comportarse como alguien a quien la sociedad envió a una parte del mundo para hacer un trabajo.
Entonces, ¿qué le molesta a la gente?
Probablemente no exista una única respuesta. Molesta el gasto cuando parece innecesario. Molesta el lujo cuando parece apropiación. Molesta la comitiva cuando nadie explica por qué viaja. La fotografía turística cuando no se conoce la agenda de trabajo. La ausencia cuando existen problemas urgentes en casa. La falta de resultados cuando se prometieron resultados. Molesta la opacidad. Pero detrás de todas esas molestias puede existir una más profunda: la sospecha de que el político disfruta personalmente de una movilidad que obtuvo gracias a una representación colectiva.
Por eso la discusión madura no debería ser “viajar o no viajar”.
Debería ser otra.
Cuándo vale la pena moverse. Quién debe hacerlo. Cuánto es razonable gastar. Qué conducta corresponde mantener. Qué información debe publicarse. Y, sobre todo, qué vuelve al territorio después de que el avión aterriza.
Porque en una sociedad global, quedarse siempre en el despacho no es necesariamente austeridad. A veces puede ser aislamiento. Y viajar permanentemente tampoco es necesariamente apertura al mundo. A veces puede ser privilegio. La diferencia entre ambas cosas no está en la cantidad de kilómetros.
Está en el sentido público que esos kilómetros tengan.
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