El Ministerio del Interior inauguró este jueves 30 de abril en Carmelo una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. La apertura fue presentada por las autoridades como parte de una estrategia para fortalecer la atención a víctimas, mejorar el acceso a la justicia y ampliar la presencia institucional en el departamento de Colonia.
El acto contó con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro; el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el subdirector de la Policía Nacional, Robert Taroco; el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa; la directora nacional de Políticas de Género, July Zabaleta; la directora departamental de Violencia Doméstica y de Género, Silvana Rissotto, y el alcalde de Carmelo, Pablo Parodi.
El punto central del mensaje oficial fue que la nueva dependencia no fue presentada solo como una oficina para recibir denuncias, sino como parte de un sistema de atención, seguimiento y prevención. Negro sostuvo que la inauguración responde a un compromiso de gestión y la ubicó dentro del Plan Nacional de Seguridad 2026, en el que la violencia de género y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes aparecen como ejes de trabajo.
El ministro también planteó que estas comisarías cumplen una función dentro de un “ecosistema de protección integral”. Según su exposición, ese esquema se apoya en la recepción profesional de denuncias, la aplicación de procedimientos estandarizados y la coordinación con instituciones y organizaciones del territorio. En términos de política pública, el Ministerio buscó asociar la inauguración con una respuesta estatal más cercana y con menos margen para la discrecionalidad en la actuación policial.
Otro punto señalado fue el acceso. La cartera afirmó que el objetivo es acercar los servicios a la población y reducir barreras para quienes necesitan denunciar. Ese enfoque fue retomado por las autoridades departamentales, que indicaron que la instalación de la unidad en Carmelo responde a una demanda de la comunidad y a un consenso entre la Policía, el sistema judicial y el Ministerio Público.
El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, puso el énfasis en la respuesta institucional. Sostuvo que la unidad busca combinar atención a las víctimas con procedimientos que permitan reunir pruebas. También señaló que el personal fue seleccionado y capacitado con criterios orientados a evitar la revictimización. La idea que atravesó su intervención fue que la denuncia requiere condiciones de atención, seguimiento y trámite que no dependen solo de la existencia de una oficina, sino de la forma en que esa oficina actúa.
La directora nacional de Políticas de Género, July Zabaleta, introdujo otro elemento: la especialización. Dijo que todas las comisarías pueden recibir denuncias, pero sostuvo que la gestión, el seguimiento y el primer abordaje deben estar a cargo de unidades con formación específica. También remarcó que la capacitación en violencia doméstica y de género integra la formación policial desde el ingreso a la carrera y en las instancias de ascenso.
Zabaleta planteó además una diferencia con otros delitos. Mientras en varios indicadores de seguridad el objetivo suele ser reducir la cantidad de casos registrados, en violencia doméstica y de género el Ministerio espera que aumente el número de denuncias. La interpretación oficial es que más denuncias pueden reflejar mayor confianza en el sistema y mayor capacidad de las víctimas o de terceros para activar mecanismos de protección.
La directora departamental, Silvana Rissotto, centró su intervención en el aumento de denuncias y en la necesidad de contar con espacios adecuados para recibirlas. Recordó que pueden denunciar las víctimas, terceros o personas de forma anónima. Su planteo apuntó a involucrar también a la comunidad, no solo a quienes atraviesan una situación de violencia.
La inauguración dejó definidos los puntos que el Ministerio quiso destacar: el cumplimiento de un compromiso de gobierno, la inclusión del tema en el Plan Nacional de Seguridad 2026, la necesidad de unidades especializadas, la coordinación interinstitucional, la prevención y la cercanía territorial.
Sin embargo, la comunicación oficial no incluyó algunos datos relevantes para evaluar el alcance de la medida. No se informó cuántos funcionarios tendrá la comisaría, cuál será su horario de atención, qué cobertura territorial asumirá, qué presupuesto demandó su puesta en funcionamiento ni qué indicadores se usarán para medir resultados. Tampoco se presentaron cifras departamentales de denuncias, tiempos de respuesta, reincidencia o derivaciones judiciales que permitan dimensionar el punto de partida.
La apertura en Carmelo fue presentada, por tanto, como una señal de política pública en materia de violencia doméstica y de género. El resultado que el Ministerio espera no se limita a la existencia de una nueva sede: apunta a que más personas denuncien, que las denuncias sean tramitadas con criterios comunes y que la respuesta institucional llegue antes, durante y después de los hechos.
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