En su Proyecto de Rendición de Cuentas entregado ayer, la Justicia uruguaya plantea, entre otros muchas aspiraciones, la creación de 33 cargos de jueces, 66 cargos de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses, destinados a atender las exigencias de la aplicación de la ley nº 19.580 de «Violencia hacia las mujeres basada en género».
En la introducción se hace énfasis en el «nuevo desafío que significa la implementación de la Ley Nº 19.580 (…) aprobada en el mes de diciembre 2017 sin los recursos necesarios para su aplicación integral, sobre la base de la existencia de Juzgados Especializados que no fueron creados por esa norma». En esa línea, el documento de 57 fojas entregado ayer al Ministerio de Economía y Finanzas y al Parlamento Nacional, fija en $ 943.217.786 el coste total anual requerido para implementar adecuadamente dicha ley nº 19.580.
Además, el articulado propuesto aborda la concesión del beneficio «salario vacacional» que ya poseen otros trabajadores del ámbito público, destinado al mejor goce de la licencia anual; una partida para compensar a funcionarios con título habilitante que desempeñan tareas propias del escalafón profesional; la extensión y profundización de las soluciones informáticas en toda la República; recursos adicionales para el funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal; refuerzo de los servicios de Mediación; fortalecimiento de las políticas de capacitación; establecimiento del régimen de dedicación exclusiva de los Defensores Públicos Adjuntos; la reivindicación salarial de los médicos del Instituto Técnico Forense; una partida de inversiones para remodelar las morgues judiciales en el interior del país; transformación de cargos del escalafón de funcionarios informáticos; y reglamentación del Sistema de Registro de Audiencias «Audire», entre otras varias mejoras planteadas.
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