El conflicto por la proyectada instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sumó un nuevo capítulo político e institucional. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que su administración podría recurrir a tribunales internacionales si el emprendimiento avanza, en un intento por frenar una iniciativa que, sostiene, puede tener consecuencias ambientales y jurídicas para la costa argentina.
La definición llegó después de una reunión con autoridades municipales de Colón y legisladoras nacionales, en la que se buscó unificar una estrategia frente a un caso que la provincia considera de alcance binacional. Para el gobierno entrerriano, la discusión no se limita a una inversión industrial del lado uruguayo, sino que involucra también la relación entre ambos países y la intervención del Estado argentino.
La preocupación oficial se concentra en tres aspectos centrales: el posible impacto ambiental sobre la ribera argentina, la localización de la planta sobre el río Uruguay y la necesidad de que Colón sea incorporada de forma plena al estudio de impacto ambiental en elaboración. Frigerio señaló que ese informe será determinante para definir los próximos pasos.
El caso, además, se inscribe en un marco institucional más amplio. El río Uruguay está regulado por normas binacionales y por organismos creados para administrar su uso compartido. En ese contexto, cualquier obra que una de las partes considere capaz de afectar intereses comunes puede escalar del plano técnico al diplomático y, eventualmente, al judicial.
Más allá del debate ambiental, el episodio refleja una disputa preventiva: Entre Ríos intenta intervenir antes de que el proyecto alcance una etapa irreversible. También revive una memoria política persistente en la región: la del conflicto por Botnia, antecedente que sigue pesando cada vez que una obra sobre el río reabre la tensión entre desarrollo y control compartido.
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