Por Daniela Calone
Montevideo, 27 ene (EFE).- En plena temporada estival y con lluvias por debajo del promedio, las autoridades uruguayas se reúnen periódicamente para analizar la situación hídrica del país, mientras proyectan un ambicioso plan de inversiones para asegurar el abastecimiento de agua potable.
«Hasta el 2022-2023 todos dábamos por hecho que íbamos a tener agua potable, ahora creo que entendimos que es algo que no está dado por los siglos de los siglos si no se trabaja y se cuida este recurso», explica en una entrevista con EFE el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri.
Ferreri se refiere a la peor crisis hídrica de la historia del país, tras una larga sequía que llevó a que casi se agotara el agua dulce de la principal reserva que abastece a Montevideo y el área metropolitana.
Al ser consultado sobre las medidas que se adoptarán para paliar un eventual regreso de una crisis de estas características, Ferreri explica que «Uruguay tiene un rezago en infraestructura de agua potable».
«Nosotros tenemos un mandato del presidente de la República (Yamandú Orsi) de construir las infraestructuras necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana y la Costa de Oro, donde vive aproximadamente 70 % de la población del Uruguay, de aquí al 2045», resume el presidente de OSE.
Por esto, la Administración actual impulsa «un conjunto de obras» que incluyen la construcción de una nueva represa, la llamada represa de Casupá, con capacidad de almacenamiento de 118.000.000 metros cúbicos y una nueva planta de agua potable de 200.000 metros cúbicos en Aguas Corrientes.
«Se sumarán a los 650.000 metros cúbicos que produce la planta actual de Aguas Corrientes. Eso nos va a permitir cubrir la demanda del 2045, que se estima de 840.000 metros cúbicos diarios», asegura Ferreri.
Además, el proyecto incluirá una nueva línea de bombeo, para atender «a las necesidades donde más ha crecido la demanda, que es hacia el este de Montevideo y sobre todo al este de Canelones» y la construcción de una planta y una represa en el arroyo Solís Chico para «abastecer de agua potable la Costa de Oro».
«Nunca OSE tuvo un plan de inversiones tan grande como tiene en este periodo», destaca Ferreri, en la medida en que solo el valor de la represa de Casupá asciende a 130.000.000 de dólares.
Medidas preventivas
Aún tomará varios años para que la población de Uruguay vea los efectos de estas obras, teniendo en cuenta que la construcción de la represa de Casupá culminará a mediados de 2029 y podría tardar hasta un año en llenarse.
Mientras tanto, OSE emplea medidas preventivas, tal como anunció el pasado 30 de diciembre, ante «un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores medios en la zona sur».
Entonces, se exhortó a la población a llevar a cabo un «uso responsable» del agua y se recomendó adoptar medidas tales como utilizar el agua de forma racional para el lavado de vehículos, minimizar el llenado de piscinas y usar de forma moderada los lavarropas y lavavajillas.
Si hubo algo que dejó la crisis hídrica, fueron los aprendizajes, según Ferreri, que valora positivamente que «a diferencia de épocas pasadas, hoy el país cuenta con un protocolo de sequías».
Este protocolo es el que prevé reuniones periódicas entre las autoridades de OSE, del Ministerio de Ambiente y del Instituto Uruguayo de Meteorología, para evaluar los pronósticos climatológicos.
«Por ahora estamos con lluvias claramente por debajo del promedio, pero no estamos en una situación como la del 2022 o 2023 ni cerca», evalúa.
Una señal de esto, es que se cuenta con un 84 % de las reservas disponibles en Paso Severino.
Ferreri prefiere no ahondar en las medidas que se adoptarían en caso de que el país atravesara una nueva emergencia hídrica y plantea que si bien «algunas de las que se tomaron en el pasado fueron correctas», otras debieron ser distintas o haberse adoptado «con mayor antelación».
Una de las medidas que tomó el Gobierno de Luis Lacalle Pou para paliar la emergencia, fue aumentar los valores máximos permitidos de cloruro y sodio en el agua, que fueron de 720 miligramos y de 440 miligramos respectivamente por litro de agua.
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