Por Miguel Guaraglia
El concejal Luis López, del Partido Nacional, analizó, esta mañana en Radiolugares una serie de problemáticas que preocupan a la comunidad carmelitana: el descontrol de motos y picadas clandestinas, el rol de la Fiscalía en la prevención del delito, la responsabilidad familiar frente a menores infractores y las limitaciones del municipio para dar respuesta a reclamos crecientes.
Con un tono crítico y directo, López planteó que la reiteración de episodios de desorden no es un hecho aislado ni reciente, sino una situación conocida por las autoridades, cuya solución —advirtió— requiere decisiones de fondo y coordinación real entre instituciones.
—El fin de semana volvió a ser tema el ruido de motos y las picadas en Carmelo. ¿Qué evaluación hace de lo ocurrido?
—Lo primero que hay que decir es que no fue una sorpresa. Esto ya se sabía. Había convocatorias circulando en redes sociales, se conocía la fecha y se sabía que iba a pasar. Lo que ocurrió el sábado a la noche fue la confirmación de un problema que viene desde hace tiempo y que no se logra encauzar.
—Usted participó de una reunión con autoridades. ¿Qué faltó en ese ámbito?
—Faltó lo principal: la Fiscalía. Estaban la Policía, los comisarios, Prefectura, Tránsito, pero no estaba quien tiene la potestad de dar las órdenes de actuación. La Policía no actúa sola; responde a directivas de Fiscalía. Entonces, hacer una reunión sin ese actor clave es quedarse a mitad de camino.
—Desde su perspectiva, ¿por qué no hay un cambio visible pese a que el problema es conocido?
—Porque no hay consecuencias reales. Si se detiene a un menor y se lo entrega a los padres, eso no genera ningún efecto. Al otro día el problema continúa. Si no se responsabiliza de alguna manera al entorno familiar, no se corta el círculo. Y cuando no hay sanción efectiva, la transgresión se repite.
—Usted mencionó la responsabilidad de las familias. ¿A qué se refiere concretamente?
—A algo muy básico. Si un menor llega a su casa con una moto que los padres no compraron y que el chico no puede pagar, alguien debería preguntarse de dónde salió. El control empieza ahí. Después no se puede reclamar solo a la Policía si desde el entorno familiar no hay límites.
—En la reunión se habló también de redes y mercados paralelos vinculados a las motos.
—Sí. Se mencionaron grupos de WhatsApp con cientos de integrantes donde se comercializan repuestos de motos robadas. Eso es grave y no es nuevo. Se roba porque hay un mercado que compra. Sin investigar esa cadena, el robo no se detiene.
—Vecinos reclaman más presencia policial y comparan con operativos en otros puntos del país. ¿Qué responde a eso?
—Es entendible el enojo. La gente ve que en Montevideo o en otros departamentos el accionar es distinto y se pregunta por qué acá no. Pero también es cierto que mandar dos policías a un lugar donde hay decenas de personas que no respetan ninguna norma es exponerlos a un riesgo enorme si no tienen respaldo operativo y judicial.
—¿Cree que la orden de no perseguir a motos agrava la situación?
—Sin duda genera una sensación de impunidad. Si el mensaje es que no pasa nada, el descontrol se agranda. Nadie dice que haya que actuar de forma irresponsable, pero tampoco se puede naturalizar que se circule sin chapas, en contraflecha y a alta velocidad sin que ocurra nada.
—¿Qué margen de acción tiene el municipio frente a este escenario?
—Muy limitado. El municipio no dirige a la Policía ni a los inspectores. No vamos a salir nosotros a parar motos. Lo que podemos hacer es interceder, gestionar reuniones, elevar reclamos a las autoridades competentes. Muchas veces la gente no tiene claro qué le compete al municipio y qué no.
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