El Ministerio del Interior reunió a representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para abordar el futuro Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2030, una iniciativa que busca construir una estrategia integral, con base en el diálogo institucional y la participación de la sociedad civil. La instancia fue encabezada por el ministro Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde.
El encuentro, que contó con la presencia de figuras como Fernando Pereira (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) e Iván Posada (Partido Independiente), marcó un punto de partida político en la definición de políticas públicas a mediano y largo plazo, en un terreno históricamente dominado por la lógica del corto plazo y la confrontación.
Seguridad como tema estructural
En conferencia de prensa, el ministro Negro subrayó el carácter estructural de los desafíos en materia de seguridad, al afirmar que se trata de un problema que “nos afecta a todos” y que “nadie ha resuelto por separado”. La afirmación refuerza la idea de que el nuevo plan aspira a ser una política de Estado, con continuidad más allá de los ciclos electorales.
Negro destacó que el plan no sustituye las medidas de respuesta inmediata que ya ejecuta el Gobierno, sino que las complementa: “La iniciativa se suma al intenso trabajo que realiza el Ejecutivo para resolver los problemas que nos aquejan y que son de urgencia del país”. A su juicio, avanzar en una estrategia planificada y evaluable permitirá generar “resultados estructurales que den respuestas a problemas estructurales”.
Un proceso en etapas
El próximo lunes 28 de julio se dará a conocer un diagnóstico de situación, elaborado por el Ministerio del Interior, que constituirá la base técnica de la primera etapa del plan. A partir de allí, se prevé una segunda fase orientada a diseñar las líneas estratégicas, con participación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
El carácter “inédito” de esta convocatoria, según el propio ministro, reside en el intento de alcanzar un consenso político amplio sobre una materia altamente sensible para la ciudadanía, que suele situarse entre las principales preocupaciones en todas las encuestas de opinión pública.
Entre la urgencia y el largo plazo
El plan se presenta en un contexto en el que las políticas de seguridad han sido objeto recurrente de debate electoral y confrontación partidaria. En ese escenario, la apertura de un proceso que incorpore miradas plurales —tanto desde el oficialismo como desde la oposición— puede implicar un giro en la forma en que se construyen las respuestas estatales al problema de la inseguridad.
Sin embargo, el alcance y efectividad del plan dependerán del nivel de compromiso real de los actores políticos y sociales convocados, así como de la implementación posterior de lo acordado. Por ahora, el paso dado por el Ministerio del Interior marca un intento de institucionalizar una política de seguridad más estable, más planificada y más colectiva.
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