Descontento con las irregularidades de funcionarios y jerarcas públicos que presentan a sus propias empresas como oferentes para contratar con la Administración y buscan enriquecerse a costa de esos negocios, el gobierno decidió endurecer los términos para contratar con el Estado, informa El País
«Desde funcionarios de hospitales públicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que montan una empresa de ambulancias para venderle servicios al centro para el que trabajan, hasta directores que miran para un costado, no realizan los correspondientes llamados a licitación y al ver una oportunidad de negocio también forman su emprendimiento, se han conocido casos últimamente,» señala el matutino.
El artículo 18 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas, que será considerado la semana próxima por la Cámara de Diputados, amplía las restricciones de las formas de contratar con el Estado, modificando el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) que es el que regula los vínculos contractuales en el Estado. De aprobarse la modificación, no podrán contratar con el Estado aquellos funcionarios públicos «del órgano competente para contratar y gastar» que mantengan un «vínculo directo o indirecto de naturaleza laboral o contractual con el mismo, o desarrollar tareas de planificación, supervisión o control sobre el referido órgano».
El abogado en Derecho Administrativo, Diego Gamarra, señaló a El País que si bien el artículo es muy impreciso, sí es más estricto para aquellos funcionarios públicos que contratan con el Estado: «Se amplía la restricción, cuando no solo se refiere a vinculaciones de tipo laboral, sino que se agrega para el término de los contratos», explicó.
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