En el papel, la ley de faltas fue pensada como una solución elegante. Un instrumento ágil para castigar lo pequeño antes de que se volviera grande. En la calle, sin embargo —en Carmelo, en el resto del departamento de Colonia— la norma parece haberse quedado sin fuerza, como una señal de tránsito despintada que nadie mira pero todos saben que está ahí.
La discusión que hoy ocupa al Parlamento y a la Fiscalía General de la Nación no es abstracta ni lejana. Tiene forma concreta: tres jóvenes en una moto, sin casco, sin matrícula visible, circulando por una calle donde el verano multiplica peatones, bicicletas y autos. La escena, frecuente en ciudades intermedias como Carmelo, resume buena parte del problema que describe el artículo publicado por Semanario Búsqueda: más del 90% de las faltas previstas en la ley están vinculadas al tránsito, y la respuesta del sistema es, en la práctica, débil o inexistente.
La ley Nº 19.120 nació en 2013 como una herramienta innovadora. Tipificó conductas que no alcanzaban la gravedad de un delito penal, pero que afectan la convivencia diaria: desde arrojar basura hasta violar normas de tránsito. El objetivo era claro: evitar la impunidad en lo cotidiano. Una década después, los datos del Poder Judicial muestran otra cosa. Aumentan los asuntos iniciados, pero la mayoría de los procesos no termina en sentencia. Prescriben, se archivan, se clausuran. La sanción —cuando llega— es la excepción.
En el departamento de Colonia, donde la moto es el vehículo más accesible para muchos jóvenes y trabajadores, el problema adquiere un perfil propio. No se trata solo de infracciones administrativas. Conducir sin autorización, circular sin matrícula o con placas adulteradas no es una picardía local ni una “viveza criolla”: es una puerta abierta a la impunidad y, muchas veces, a accidentes que no figuran en las estadísticas legislativas pero sí en las guardias médicas.
La Fiscalía ha sido clara en su diagnóstico: la ley quedó desfasada frente al actual Código del Proceso Penal; los fiscales no dan abasto y priorizan delitos más graves; las audiencias por faltas compiten por recursos con homicidios, rapiñas y violencia doméstica. El resultado es un sistema que, aun queriendo, no llega. En ciudades como Carmelo, donde el control es más cercano y la infracción más visible, esa ausencia se percibe rápido: la norma pierde autoridad y la calle aprende.
Los proyectos que hoy se discuten en el Parlamento —permitir actuaciones fiscales por escrito, incorporar de forma explícita la falta de matrícula o su adulteración— apuntan a cerrar grietas evidentes. No prometen soluciones mágicas. Prometen algo más modesto y, tal vez, más necesario: que la ley vuelva a funcionar. Que el círculo se cierre. Que la falta tenga consecuencia.
Porque detrás del debate técnico hay una pregunta más incómoda: ¿ qué mensaje recibe una comunidad cuando la infracción reiterada no pasa nada? En Carmelo, donde el espacio público es reducido y compartido, el tránsito no es un asunto estadístico sino una experiencia diaria. Cada moto sin control no es solo un riesgo: es una señal de que el Estado llegó tarde o no llegó.
Actualizar la ley de faltas no resolverá por sí sola el desorden del tránsito ni el mercado desregulado de las motos, que creció al margen de controles efectivos. Pero puede ser un primer gesto de coherencia institucional. Decir que lo pequeño importa. Que la norma no es decorativa. Que la convivencia —esa palabra tan usada— empieza en detalles tan simples como una matrícula visible y un casco bien puesto.
En Colonia, y en Carmelo en particular, la discusión parlamentaria no es ajena ni lejana. Se juega, literalmente, en cada esquina.
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