Carmelo cerró el año 2024 con un total de 465 faltas registradas, según datos oficiales. De ese total, apenas 15 casos culminaron con sentencia definitiva, mientras que 110 expedientes permanecen en trámite. El resto —unas 340 faltas, aproximadamente— habrían sido archivadas, ya sea por falta de méritos, prescripción u otras causas contempladas en la normativa procesal, según información suministrada a Carmelo Portal por la Suprema Corte de Justicia.
El dato revela que menos del 4 % de las faltas registradas en la ciudad tuvo un desenlace judicial con sentencia firme. Si se suman los expedientes aún en curso, se obtiene que alrededor del 27 % de los casos mantiene algún tipo de tramitación. El resto, equivalente a más del 70 %, no avanzó hacia una resolución judicial.
Este panorama plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia en el tratamiento de faltas, que en Uruguay comprenden infracciones penales menores —como vandalismo, exceso de velocidad, falta de casco, aseo y ornato público, entre otras— tipificadas en el Código Penal y la Ley de Faltas.
Aunque la información no detalla las causas del archivo de esos 340 casos, la tendencia coincide con situaciones que suelen atribuirse a problemas estructurales del sistema judicial: limitaciones de recursos, falta de denuncias sostenidas, dificultades en la obtención de pruebas o desistimiento de las partes. En muchas ocasiones, estos factores conducen al archivo sin que se logre una respuesta penal.
Justicia de faltas: entre la prevención y la sanción
El tratamiento de las faltas en Uruguay busca una doble función: prevenir la reincidencia y ofrecer respuestas proporcionales a conductas que, si bien no constituyen delitos graves, afectan la convivencia. Sin embargo, la baja tasa de resolución efectiva en lugares como Carmelo refleja una distancia entre la norma y la práctica.
El hecho de que solo una fracción mínima de los casos termine con una sentencia plantea desafíos no solo para el sistema judicial, sino también para la percepción ciudadana de la justicia. A nivel local, los datos revelan una alta incidencia de faltas con escasa respuesta efectiva, lo que puede traducirse en una sensación de impunidad o ineficacia, especialmente si no se articulan mecanismos alternativos de resolución o reparación.
Un problema de escala nacional
La situación de Carmelo no es un caso aislado. Aunque no hay aún cifras consolidadas a nivel nacional para 2025, informes de años anteriores del Poder Judicial muestran que el tratamiento de las faltas sigue siendo un eslabón débil en la cadena de justicia penal.
En este contexto, especialistas y operadores del sistema han planteado la necesidad de revisar los mecanismos procesales, fortalecer el rol de la Fiscalía en la persecución de faltas, y considerar fórmulas de justicia restaurativa o medidas comunitarias como parte de la respuesta del Estado.
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