Una excepción para construir, un cambio en la categoría de un terreno o la instalación de una nueva actividad pueden llegar a la Junta Departamental de Colonia presentados como un expediente concreto. Pero la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) advierte que la decisión puede tener consecuencias mucho mayores: afectar calles, saneamiento, tránsito, ambiente, servicios públicos, actividades productivas y, finalmente, la calidad de vida de la población.
Esa es una de las principales conclusiones que deja “El territorio en la toma de decisiones de las Juntas Departamentales”, un documento elaborado por la DINOT para trabajar con el Congreso Nacional de Ediles. Su planteo coloca a los legisladores departamentales ante una responsabilidad que supera la aprobación formal de expedientes: sus votos también contribuyen a definir cómo se desarrollará el departamento durante los próximos años.
La pregunta no debería ser solamente si se puede
Trasladado a Colonia, el criterio resulta especialmente relevante cada vez que la Junta estudia transformaciones del suelo, localización de emprendimientos, excepciones o modificaciones de las reglas territoriales.
Según la metodología propuesta por DINOT, antes de resolver debería determinarse si la información disponible es suficiente, qué impactos positivos y negativos tendrá la iniciativa, quiénes resultarán involucrados y qué alternativas existen. No hay, necesariamente, una única respuesta correcta: lo importante es que la decisión pueda fundamentarse.
Para un expediente relacionado con Carmelo, por ejemplo, eso significa que la discusión no debería agotarse en los límites del predio involucrado. El documento propone mirar qué sucede alrededor: capacidad de las calles y servicios, movilidad y accesibilidad, condiciones ambientales, actividades existentes y posibles consecuencias sobre la población.
Desarrollo sí, pero también quién paga
DINOT introduce otro asunto particularmente relevante para el control político: el costo que una transformación privada puede generar sobre el sector público.
Un nuevo desarrollo puede traer inversión, empleo y actividad económica, pero también exigir más vialidad, transporte, drenaje, saneamiento, agua u otros servicios. La pregunta pasa entonces de “¿es viable?” a “¿qué necesita el territorio para soportarlo y quién financiará esas necesidades?”.
El documento plantea expresamente que los costos derivados de las transformaciones no deberían trasladarse de manera inequitativa al conjunto de la comunidad.
El edil como algo más que un voto
Hay otro mensaje político detrás del trabajo de DINOT. El conocimiento del edil sobre su territorio tiene valor propio. La cercanía con localidades, vecinos, servicios y problemas cotidianos puede complementar los informes técnicos.
Eso implica que frente a un proyecto importante para Carmelo o cualquier otra localidad de Colonia, la discusión puede requerir escuchar no solamente a la Intendencia y al promotor. Según el caso, también pueden intervenir municipios, organismos nacionales, vecinos, productores, trabajadores y organizaciones sociales.
La enseñanza que deja el documento podría resumirse en cinco preguntas antes de levantar la mano: qué cambia, qué beneficios genera, qué problemas puede producir, quién paga sus consecuencias y qué territorio deja después de aprobado.
Porque una resolución puede ocupar unas páginas y una votación durar minutos. Sus efectos sobre una ciudad pueden permanecer durante décadas.
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