Por Miguel Guaraglia
Aprovechando la presencia del Secretario de Presidencia Alejandro «Pacha» Sánchez en la inauguración de la Terminal de Líquidos de PTP, el tema se impuso sin necesidad de rodeos: la seguridad como un problema que atraviesa la vida cotidiana y exige una respuesta política sostenida. “La seguridad pública es uno de los principales problemas que tienen los uruguayos y las uruguayas”, dijo. Y agregó que esa preocupación no admite soluciones generales, porque “hay realidades locales que hay que atender en su especificidad”.
Desde ese punto de partida —la vida afectada, la necesidad de un plan y el reclamo de sacar el tema de la disputa electoral— se desarrolló la entrevista. El formato fue directo, sin eufemismos, con preguntas centradas en Colonia, el rol de la policía, la Fiscalía, el marco legal y las condiciones de trabajo de quienes están en la primera línea.
—La seguridad aparece de forma recurrente como la principal preocupación ciudadana. ¿Cómo se aborda un problema que, como usted mismo dijo, no es igual en todos los territorios?
—La seguridad pública está afectando la vida de las personas y eso obliga a tener un plan específico. Pero los planes no pueden ser generales. Hay realidades locales que requieren respuestas adaptadas. Por eso la política de seguridad tiene que ser flexible, capaz de ajustarse a cada territorio, porque también el delito se mueve y aprende.
—Usted planteó que la seguridad no debería ser un “botín electoral”. ¿Qué implica eso en la práctica?
—Implica una obligación ética y política de que la seguridad deje de ser un tema de campaña permanente y pase a ser la principal preocupación del sistema político, especialmente del gobierno, que es el responsable directo. Eso supone actuar con más eficiencia, priorizando la prevención y ejerciendo la represión cuando corresponde, pero con un sistema mucho más inteligente.
—¿En qué etapa está hoy esa estrategia de seguridad?
—Se terminó la etapa de discusión del plan y del presupuesto. Ahora empieza la etapa de la ejecución. El año próximo van a ingresar mil policías más y se va a incorporar mucha más tecnología al Ministerio del Interior: cámaras, videovigilancia, pórticos. Eso tiene que permitir una respuesta más integral, más rápida y más inteligente.
—En zonas del departamento, como Carmelo, se reclama mayor presencia policial, incluso de la Guardia Republicana. ¿Cómo evalúa el gobierno esas demandas locales?
—La Policía Nacional es una institución en la que hay que confiar y a la que hay que respaldar. Eso no significa que todo funcione bien en todos lados. Puede haber dificultades en determinados territorios y eso requiere una revisión permanente. A la policía hay que darle instrumentos para actuar y, cuando no actúa correctamente, hay que corregir rápido.
—¿Esa corrección está siendo lo suficientemente ágil?
—A veces no. Cuando hay reclamos o denuncias de vecinos por falta de actitud proactiva, no siempre logramos hacer los cambios con la rapidez necesaria. Ahí tenemos que mejorar. Es una relación de ida y vuelta, pero la clave es respaldar a la policía para que actúe.
—Otra crítica frecuente apunta a la Fiscalía y al Poder Judicial, con la percepción de que los detenidos quedan en libertad rápidamente. ¿Cómo se analiza eso desde el Ejecutivo?
—La Fiscalía tiene autonomía profesional y no depende del Poder Ejecutivo. Pero es cierto que existe un reclamo social instalado. A veces esa percepción es real y a veces no. Lo que sí es claro es que se necesitan más recursos. En el Presupuesto Nacional se asignaron fondos para más fiscalías y para una modernización que permita una persecución penal más eficiente.
—¿Qué pasa cuando esa coordinación no funciona?
—Si la policía y la Fiscalía no trabajan de forma aceitada, perdemos la batalla contra la delincuencia. Son un binomio. Si uno falla, el sistema no responde.
—El Código del Proceso Penal es parte central de ese engranaje. ¿Funciona como se pensó originalmente?
—Fue una innovación importante, votada por todos los partidos. Eso no quiere decir que no deba ajustarse. Ya lo hicimos cuando se detectaron problemas, como los acuerdos abreviados por debajo de la mínima legal. Hay que seguir adaptándolo a la realidad del país. No hay que enamorarse de las herramientas.
—¿Dónde ve hoy las principales dificultades del sistema?
—En que algunas leyes están bien inspiradas, pero no siempre se ajustan a la realidad concreta. Eso genera tensiones en la Fiscalía y en el Poder Judicial, porque cambian las competencias y aparecen errores o lentitudes en la aplicación. Hay que identificar esos problemas y corregirlos rápido.
—En paralelo, se habla cada vez más de la situación de los propios policías: estrés, exposición a un crimen más organizado, problemas de salud mental. ¿Cómo se aborda ese aspecto?
—La policía está en la primera línea. Son trabajadores, padres y madres de familia, que enfrentan situaciones de alto estrés y riesgo permanente. En la Ley de Presupuesto se fortalecieron los recursos para trabajar en salud mental específicamente para la fuerza policial. Es un problema serio: hay muchos policías con licencias por enfermedad vinculadas a estas situaciones.
—¿Ese refuerzo tuvo respaldo político amplio?
—Sí. Tanto en Diputados como en el Senado se entendió que era una línea prioritaria. Se asignaron más recursos porque es una condición necesaria para que la policía pueda cumplir su función.
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