Aunque cuenta con base del SAME 105, el organismo contrata servicios privados por compra directa. El costo multiplica hasta por nueve lo que saldría usar medios estatales. En otros departamentos, como Colonia, se licitan los traslados y curiosamente se entregaban ambulancias equipadas para evitarlos.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) abona hasta $280.000 —más de US$ 6.800— por cada traslado médico especializado entre Bella Unión y Montevideo, a través de contrataciones directas con la empresa Siemm S.R.L., también conocida como Unión Emergencia Móvil, destaca un informe de El País.
Según registros de Compras Estatales, los montos son variables y no responden a un tarifado público. En varias boletas, el concepto figura como “regularización”, sin detallar el tipo de servicio. Mientras tanto, desde la propia base del SAME 105 en Bella Unión —que dispone de móviles, médicos, enfermeros y choferes— podría realizarse ese traslado por unos $32.000, incluyendo viáticos, combustible y peajes.
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Fuentes de ASSE en Artigas aseguran que la base está operativa y que la mayoría de los traslados —que alcanzan una docena mensual— podrían cubrirse sin necesidad de contratar a privados. La misma empresa factura viajes de menor distancia por cifras igualmente elevadas: $70.000 hacia Artigas o Salto, y hasta $129.396 a Paysandú.
La empresa fue objeto de controversia en 2016, cuando se conoció que tres directores de hospitales públicos —Federico Eguren, Marcos García y Rodrigo Barcelona— eran a la vez socios de la firma. Actualmente, Mario García figura como “socio administrador”.
Intentos previos de regular estas contrataciones mediante licitaciones o convenios marco fracasaron por observaciones del Tribunal de Cuentas. “ASSE precisa de los privados, pero se necesitan buenos acuerdos”, dijeron fuentes de la gestión anterior. El actual presidente del organismo, Álvaro Danza, se comprometió en marzo a “hacer una buena negociación” que reduzca los costos.
¿Cómo fue la situación en nuestro departamento?
En nuestro departamento, por citar un solo ejemplo, se convocó en septiembre de 2024 la Licitación Pública Nº 43/2024 para contratar el servicio de asistencia durante traslados especializados y comunes desde el Hospital “Artigas” de Carmelo.
Pocos meses después el entonces presidente de ASSE, Marcelo Sosa, presentó en Carmelo una nueva ambulancia para ese hospital. “Es un CTI móvil completamente equipado, con los recursos humanos nuestros necesarios para operar de manera eficiente”, dijo durante la entrega, y recalcó que esta incorporación —la última antes del cambio de gobierno— formaba parte de un plan integral de renovación del parque automotor, con énfasis en los vehículos de traslado y con personal propio, no contratado aseguró a Carmelo Portal en su oportunidad.
Pero además Sosa destacó -en aquella oportunidad- también que la unidad permitiría reducir la necesidad de contratar servicios privados de emergencia, subrayando que en Carmelo no se utilizaban ambulancias privadas, ni personal privado, durante su gestión.
El contraste entre ambos modelos deja abierta una pregunta clave: ¿se trata de un caso aislado en Bella Unión o de un problema estructural en todo el país? ¿Por qué en algunos departamentos se invierte en recursos propios y en otros se recurre a contrataciones directas, incluso con antecedentes cuestionados?
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