Se promulgó un nuevo instrumento de política pública para el cuidado y la gestión planificada de nuestras costas.
La nueva Ley 19.772, denominada Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, supone un salto cualitativo en la protección de nuestras costas.
Esta estimula la coordinación y cooperación público-privada para promover un modelo de desarrollo costero sostenible, democrático y participativo.
El director nacional de Ordenamiento Territorial José Freitas expresó que “Faltaba una ley nacional que mirara específicamente la ordenación del espacio costero, que definiera objetivos claros y lineamientos fundamentales para ordenar las actividades de la costa. Esta Ley será un instrumento que permitirá dar mayor coherencia a los planes desarrollados por las seis intendencias costeras, las gestiones de prefectura, los municipios y el Mvotma.”
La directriz da el marco a una gestión integrada de la costa para sus distintas escalas (regional, departamental y local) y promueve la coordinación de las instituciones públicas y la participación de los actores sociales.
Freitas explicó que, “si bien hay mucha área urbanizada en la costa y que en ella vive el 70 % de la población de Uruguay, el 77 % de este territorio es rural y más de la mitad de su área es casi virgen. Por lo cual esta Ley es una gran oportunidad de planificar los procesos futuros y orientar el desarrollo sostenible de la costa.”
Dicha Ley será el paraguas para el desarrollo de todos los planes, proyectos y programas de nuevas urbanizaciones y de grandes infraestructuras y equipamientos que se implementen en ese ámbito, alcanzando así, un escenario de reglas claras de cómo actuar respecto a la costa y especialmente a sus componentes vulnerables como playas, dunas, lagunas, barras, cuencas, desembocaduras, deltas, humedales, barrancas, costas y puntas rocosas, sitios arqueológicos, entre otros, logrando en sí mayor grado de protección.
Particularmente, con esta Directriz Nacional se da respuesta a un problema de aplicación de la protección costera, ya que establece que se podrá extender la faja de defensa de costas definida por el artículo 153 del Código de Aguas hasta el límite de los componentes vulnerables de los ecosistemas identificados en cada uno de los planes y proyectos.
Sobre esto explicó Freitas, “Si bien ya existía una ley de protección de la faja costera de 250 metros, tenía una debilidad, no siempre esa distancia era suficiente. Esta ley exige a los proyectos y planes que identifiquen los ecosistemas más débiles y en ellos los componentes más vulnerables, extendiendo en los casos que lo requiera la franja de protección a los límites naturales. De esta forma, la demarcación de la zona de protección costera deja de ser una franja estática y formal, para ser definida de manera más realista en función de las características específicas de cada zona.”
La Ley promueve el desarrollo del país en consonancia con la protección de la costa. El espacio costero constituye un recurso natural limitado y un bien común para la sociedad en su conjunto, que se encuentra sometido a abusos y presiones como son el turismo, el sector inmobiliario, la infraestructura (rutas, ramblas, estacionamientos, puertos, muelles, equipamientos comerciales y deportivos), entre otros.
Asimismo, se busca orientar los procesos de desarrollo urbano evitando el continuo urbanizado a lo largo de la costa, propone alternar los centros urbanos densos con áreas de baja intensidad de uso y con espacios naturales que permiten esa dinámica de los ecosistemas costeros.
La costa de nuestro país está en un contexto de alta vulnerabilidad respecto al cambio climático y su variabilidad a nivel global, por lo que esta política de cuidado costero contribuye a prepararnos para hacer frente a esta amenaza.
Además Freitas destacó que esta Ley determina la accesibilidad y uso público de las playas y costas “si bien en Uruguay la playa siempre fue pública, hasta ahora no había ninguna norma que lo dejara explicitado. Esto traía problemas a la hora de exigir a los proyectos que dejaran una vía de acceso.”
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