“El presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que obliga a repartidores de productos gastronómicos y farmacéuticos en motocicleta a estar capacitados para su función desde enero de 2018”, destacó este jueves 4 el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey. Los contenidos de los cursos, convenidos por trabajadores, empresarios y gobierno, abarcan salud en el trabajo, seguridad vial y derechos laborales.
El decreto del gobierno sobre los repartidores a domicilio de productos gastronómicos y farmacéuticos “se establece porque este grupo de trabajadores tiene una alta siniestralidad e informalidad”, señaló Rey.
Precisó que cuatro de cada 10 accidentes de tránsito en ocasión del trabajo son protagonizados por motocicletas. Agregó que hay un promedio de 48 días y medio de faltas de trabajadores de este sector debido a tratamientos, y además tienen en promedio 11 veces más días de internación en centros de tratamiento intensivo (CTI), que el resto de las actividades laborales.
“Los cursos abordan temas de salud y seguridad en el trabajo e incorporan la seguridad vial tanto a nivel teórico como práctico”, explicó. Además incluye los derechos laborales “porque es un sector donde los trabajadores muchas veces no conocen las resoluciones de los Consejos de Salarios”. “Se trata de una rama de actividad que presenta altos índices de informalidad”, abundó.
Rey dijo que los cursos de doce horas en total son implementados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional sin costo para el empleador. Detalló que el único gasto es el salario del trabajador, pues la inmensa mayoría concurrirá dentro del horario de trabajo. Acotó que si lo hace fuera del mismo, las horas son remuneradas.
Puntualizó que ya se implementaron cursos de este tipo con muy buena evaluación en en Montevideo, Salto y Maldonado con la participación de unos 50 trabajadores. Se estima que se llegará a unos 3.000 repartidores obligados por este decreto.
Destacó que ese decreto se aprobó a instancias de una propuesta de la comisión tripartita integrada por las cámaras de Farmacias y de la Alimentación, del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Unidad Nacional de Seguridad Vial.
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