La Junta Departamental derogó la ordenanza de 2004 que regulaba a los cuidacoches en Colonia
El edil Martín Manitto se refirió a la decisión de la Junta Departamental de Colonia de derogar una ordenanza de mayo de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches en el departamento. Según explicó, la resolución no prohíbe la tarea: “no está prohibida la función de cuidacoche”. Señaló que, a partir de la derogación, la Intendencia dejará de encargarse de regularla y de controlarla, por lo que la actividad quedará “sin regulación” por parte del gobierno departamental.
Manitto indicó que, en la discusión, se planteó que la ordenanza era “ilegítima”, en la medida en que —dijo— se sostuvo que quienes piden en la calle “no estarían legitimadas” para hacerlo. También relató que el tema se venía estudiando desde 2024, cuando integraba la comisión que comenzó a analizar la situación. En ese marco, se convocó a la Dirección de Tránsito, que trasladó inquietudes sobre el funcionamiento de los cuidacoches. De acuerdo con su relato, desde esa oficina se afirmó que, “en lugar de ordenar el tránsito”, en los hechos “traían problemas en las calles”, y que los cuidacoches “no forman parte de los elementos principales del tránsito”. Añadió que Tránsito era el área que debía regular el funcionamiento, pero que “últimamente se habían dado hechos de violencia” y que el equipo no podía sostener el control porque “no son una policía municipal” y “necesitaban más fuerza”.
El edil dijo, además, que la reglamentación no se estaba cumpliendo, entre otras razones, porque había personas que no se anotaban. Mencionó que en el seguimiento se encontraron casos de menores realizando esa tarea, algo que —según afirmó— “no estaba permitido”. En paralelo, explicó que se realizaron reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Acción Social de la Intendencia para avanzar en alternativas si se derogaba la ordenanza. En ese sentido, señaló que tanto el ministerio como Acción Social tenían identificadas a personas que hacían esa función y que ya estaban “bajo la órbita” de esos organismos.
Manitto sostuvo que la intención es “seguir trabajando” para que quienes ya no tendrán autorización de la Intendencia puedan acceder a “una solución de fondo” a problemas que, según dijo, muchas veces están vinculados a adicciones, salud mental o temas laborales. Como ejemplos de apoyos, mencionó ayudas que puede brindar Acción Social —como canastas y soluciones habitacionales— y programas del ministerio.
El edil relató que, cuando la ordenanza estaba vigente, ante conflictos vinculados a cuidacoches la población recurría a la Intendencia, “más que nada por el tema de seguridad”. Puso como ejemplo denuncias en las cercanías del puerto de Colonia, donde, según dijo, se llegó a exigir una “tarifa” de 500 pesos por estacionar. Afirmó que ese tipo de situaciones motivó denuncias y que, en su visión, el cuidacoche “cohesiona a la población” cuando fija cobros, afectando “la libertad” de circular en el espacio público. En esa línea, insistió en que, tras la derogación, la Intendencia “no va a ser responsable del tema” y que, si hay problemas —incluidos hechos de violencia—, el procedimiento pasará a ser “llame a la policía”.
Consultado por el volumen de personas involucradas, Manitto dijo que en el estudio realizado había 20 cuidacoches registrados, aunque “informalmente había muchísimos más”. Precisó que los registrados estaban en Colonia del Sacramento y algunos en Carmelo, y que no todos en esas ciudades figuraban en los registros. También comparó la situación con lo ocurrido en Montevideo, aludiendo a casos en los que cuidacoches “se adueñan de las cuadras” y a disputas por el control de zonas. Mencionó, además, situaciones en las que un cuidacoche organizaba a otros para trabajar, incluso en espacios públicos durante eventos, y la fijación de tarifas por estacionar en lugares públicos.
Sobre el funcionamiento histórico de la ordenanza, dijo que “en un momento funcionó muy bien” y que luego “se empezó a perder el control”, con menos registrados y con dificultades para reglamentar. Añadió que, cuando se intentaba controlar desde Tránsito, “no tenían buena voluntad” y que inspectores fueron “maltratados muchas veces”.
En cuanto a Carmelo, afirmó que hubo “comentarios” sobre pedidos “a la fuerza” de dinero y que, en ocasiones, “muchas veces no cumplían la función” y esperaban a la salida de los lugares. También mencionó una denuncia sobre personas en el límite de los 18 años, sin poder precisar si eran menores, y sostuvo: “eso no puede suceder”.
Ante críticas difundidas en redes sociales que señalaban que la Junta había “eliminado” la actividad y quitado el sustento a trabajadores, Manitto respondió que, según dijo, el tema fue estudiado por abogados en la Junta y que existía el riesgo de que, si un conductor tenía un problema con un cuidacoche —por ejemplo, un choque o daños al vehículo—, pudiera accionar legalmente contra la Intendencia al considerarla responsable por estar regularizados. Reiteró que por eso se buscó coordinar con el ministerio y Acción Social “para cuidar a estas personas” y poder hacerles un “seguimiento” que, a su entender, no se lograba mientras la actividad operaba bajo ese esquema.
Manitto afirmó que el objetivo no era “dejarlos tirados” sino que haya una “solución de fondo” y que puedan “tener un trabajo reglamentado”. Al mismo tiempo, sostuvo que la Intendencia debe “velar por la demás población”, y citó el informe de Tránsito, según el cual los cuidacoches “traían problemas al tránsito”. Insistió en que “nadie va a ir a perseguir y correrlos de la calle” y que la Intendencia “no tiene la facultad” para hacerlo: lo que se retira es la facultad de reglamentar y controlar.
Finalmente, señaló que la Intendencia se compromete a mantener la nómina de quienes estaban inscriptos y que Acción Social “va a estar atrás de ellos” para ayudar a esa población, mientras remarcó que las soluciones de política social deben venir del Gobierno nacional, a través de los ministerios y organismos correspondientes.
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