La Junta Departamental de Colonia celebró el pasado 3 de diciembre una sesión extraordinaria en la que recibió, en régimen de Comisión General, al Municipio de Carmelo, con el objetivo de esclarecer una denuncia por presunto abuso de autoridad y acoso moral laboral presentada por una funcionaria municipal.
El encuentro, que se desarrolló en parte bajo sesión secreta, tuvo como eje conocer qué información manejaba el Concejo Municipal, qué medidas se adoptaron y cuál es el estado actual del caso, que se encuentra bajo investigación administrativa a cargo del Ejecutivo Departamental.
El origen del llamado a sala
La comparecencia fue impulsada a partir de una denuncia presentada el 18 de setiembre de 2025, que ingresó formalmente a la Junta Departamental el 14 de octubre, y que posteriormente fue remitida al Ejecutivo Departamental para su tramitación administrativa.
Durante la introducción del tema, el edil Emmanuel Martínez explicó que el llamado a sala buscó ejercer el rol de contralor de la Junta y evitar cuestionamientos por omisión, en un contexto donde los hechos denunciados fueron considerados de gravedad.
La posición del alcalde
El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, sostuvo que el Municipio no tuvo conocimiento previo de la denuncia, ya que la funcionaria no la presentó ante su jerarca inmediato, como establece el Estatuto del Funcionario.
Según explicó, la única comunicación recibida fue una notificación telefónica desde el área Jurídica de la Intendencia, informando que se había iniciado una investigación administrativa. En ese marco, señaló que no se les brindaron detalles por razones de reserva del procedimiento.
Parodi afirmó que la funcionaria continuaba realizando las mismas tareas de limpieza y mantenimiento que cumplía desde 2019, cuando se iniciaron los expedientes médicos, y que no existieron asignaciones de tareas contrarias a las indicaciones médicas.
Asimismo, indicó que cualquier eventual traslado de la funcionaria a otra dependencia responde a criterios establecidos para investigaciones administrativas, que impiden la convivencia laboral entre personas involucradas en un mismo expediente.
Intercambio con los ediles
Durante la sesión, varios ediles realizaron consultas vinculadas a:
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la asignación de tareas y su compatibilidad con la condición médica,
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el funcionamiento del régimen de horas extras,
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el rol jerárquico del personal involucrado,
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el conocimiento que tenía el Concejo Municipal sobre la denuncia,
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y la eventual existencia de comunicaciones con el Ministerio de Trabajo.
El alcalde confirmó que no se recibió ninguna notificación del Ministerio de Trabajo, y detalló que las observaciones realizadas a la funcionaria fueron verbales, vinculadas al cumplimiento del horario y a la comunicación de ausencias del lugar de trabajo.
La postura de los concejales
Los concejales del Municipio de Carmelo presentes en sala coincidieron en que no recibieron la denuncia ni tuvieron acceso a su contenido, y que tomaron conocimiento del caso a partir de la citación a la Junta Departamental y, en algunos casos, por publicaciones en medios de comunicación.
Indicaron además que los concejales no tienen injerencia directa en la gestión del personal municipal, la cual corresponde al alcalde y a las áreas competentes de la Intendencia.
Investigación en curso
Desde la Mesa de la Junta Departamental se aclaró que, si bien la denuncia fue recibida por el legislativo departamental, se entendió que no correspondía su tramitación directa, por lo que se resolvió remitirla a los ámbitos administrativos competentes.
La sesión concluyó sin resoluciones adicionales, quedando establecido que el caso continúa bajo investigación administrativa, a la espera de las actuaciones y conclusiones que adopte el Ejecutivo Departamental.
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