Por Natalia Kidd
Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El Gobierno del libertario Javier Milei afrontará desde este lunes su segundo intento de sacar adelante en el Parlamento argentino un paquete de reformas que el oficialismo considera fundamentales para avanzar hacia la desregulación de la maltrecha economía argentina.
Tras lograr el jueves último un dictamen positivo de mayorías en su fase de tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el renovado proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos será debatido en el pleno de la Cámara Baja en una sesión convocada para mañana y que se extendería hasta el martes debido a que también se tratará una reforma fiscal.
Ambas iniciativas llegan al pleno tras largas negociaciones entre la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza -minoritaria en Diputados- y bloque de la denominada oposición «dialoguista» (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal), con cuyo apoyo el oficialismo lograría la aprobación, pese a la oposición de la izquierda y el frente peronista Unión por la Patria.
«Al ministro del Interior, Guillermo Francos (a cargo de las negociaciones para sacar adelante el proyecto), lo veo muy optimista, así que supongo que eso va bien», dijo este domingo Milei en declaraciones televisivas.
La negociación ha implicado para el Gobierno resignar algunos aspectos de su proyecto original, presentado a finales de 2023, pocas semanas después de que Milei asumiera la Presidencia.
La ‘ley de bases’ conforma el ‘corazón’ del programa de Gobierno de Milei, junto con el drástico plan de ‘shock’ de ajuste fiscal y el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2023) con medidas de reforma, orientadas fundamentalmente a la desregulación de la economía, firmado por el mandatario el 20 de diciembre de 2023.
Tras sucesivos recortes a la iniciativa original, el proyecto de ley fue aprobado en general en la Cámara de Diputados el 2 de febrero, pero pocos días después, ante una derrota segura en la votación artículo por artículo en la Cámara Baja y un previsible posterior rechazo en el Senado, el oficialismo optó por devolver el proyecto a comisiones.
Ello le dio tiempo para reimpulsar las negociaciones con parte de la oposición parlamentaria y también con los gobernadores de provincias, todos opositores, con fuerte incidencia política en el Senado y con una relación muy dañada con Milei debido a los severos recortes en las transferencias del Estado nacional a las provincias.
El remozado proyecto llega ahora a la Cámara Baja con 232 artículos (frente a los 664 de la iniciativa original), el primero de los cuales declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, bastante menos que las pretendidas inicialmente por Milei.
La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas (originalmente eran cuarenta) e incluye un apartado para la promoción del empleo registrado y la modernización laboral y otro con aspectos relativos al sistema de jubilación.
Asimismo, se incluye un apartado con foco en la energía, para promover la explotación de hidrocarburos y las energías renovables, como así también un régimen de incentivos para las grandes inversiones.
Junto con este proyecto, Diputados también debatirá el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que, entre otros aspectos, incluye un blanqueo de capitales, cambios en el impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios y una moratoria impositiva y aduanera.
La sesión se prevé maratoniana y partidos de izquierda y sindicatos protestarán a las puertas del Parlamento.
De recibir el visto bueno en Diputados, ambos proyectos serán girados para su tratamiento en el Senado, donde el oficialismo tendrá mayores desafíos para lograr la aprobación definitiva.
El debate se da en un escenario complejo, de fuerte retracción económica, caída de los salarios en términos reales y aún muy elevada inflación, en medio de un creciente descontento social y sindical por ciertos aspectos del ajuste de Milei.
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