Montevideo, 5 oct (EFE).- La Justicia uruguaya imputó a nueve militares retirados por el asesinato del médico Vladimir Roslik, un crimen ocurrido en 1984 y reconocido por tratarse del «último asesinado» durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985).
Así lo confirmó a EFE este jueves el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad del país, Ricardo Perciballe, quien detalló que los nueve represores fueron imputados «por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves».
Tras la audiencia de formalización del caso Roslik, que tuvo lugar el miércoles en Montevideo, la jueza Silvia Siri dictaminó las medidas cautelares de tobillera electrónica, presentación a una seccional semanalmente y prohibiciones de dejar el país y acercarse a las víctimas para 9 de los 12 imputados.
De los restantes, según consignó el diario local El País, uno falleció, uno está en estado médico grave y el otro, Dardo Diego Morales, no fue imputado por Siri en una decisión que Perciballe recurrirá.
«Dardo Diego Morales fue uno de los principales responsables de los operativos en el 80 y en el 84. La jueza entendió que como tenía una causa por el viejo Código Penal, entonces no se lo podían imputar estos nuevos delitos porque existía litispendencia», explicó, y expresó que la Fiscalía no comparte esto «en absoluto».
«En la actual causa, que es por el nuevo, nosotros vamos por los operativos del 80 y del 84. Son cosas bien distintas, entonces de ninguna manera debió haberse resuelto eso», subrayó.
Médico de profesión, Roslik integraba la principal comunidad rusa de Uruguay, reunida en la localidad de San Javier, en el departamento (provincia) de Río Negro (suroeste), que fue perseguida por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante la dictadura.
El 29 de abril de 1980, un gran operativo desplegado por las FF.AA. en San Javier secuestró y torturó a un grupo de hombres entre los que estaba Roslik, quien fue liberado en julio de ese año, permaneciendo vigilado y amenazado.
La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado en otro operativo y junto a otras seis personas fue trasladado y torturado en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos; murió el 16 de abril a consecuencias de las torturas.
El impacto público del caso, según recoge la web Sitios de Memoria Uruguay, llevó a que la Justicia Militar condenara al responsable del operativo, mayor Sergio Caubarrere, a prisión por abuso de autoridad y homicidio culpable.
Si bien el caso fue archivado en 2021 por la Suprema Corte de Justicia, que rechazó un recurso presentado por la Fiscalía especializada, el mayor órgano judicial desestimó el pasado agosto recursos de inconstitucionalidad de los acusados, lo que habilitó a fijar una audiencia de formalización. EFE
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