Uruguay afirmó este lunes que las elecciones de Nicaragua «carecen de legitimidad» ya que no se enmarcaron en estándares «internacionalmente reconocidos», no hubo garantías para la participación de todos los actores políticos ni tuvo órganos de contralor «independientes e imparciales».
Así lo sostuvo la Cancillería uruguaya en un comunicado en el que reitera su llamado para que el gobierno nicaragüense «libere de inmediato» a los presos políticos, asegure el respeto a su libertad, integridad personal y derecho a participación política.
«Dichos comicios carecen de legitimidad, al no haberse enmarcado en estándares internacionalmente reconocidos, sujetos a órganos de contralor independientes e imparciales, ni contar con las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos», enfatizó el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou.
Daniel Ortega fue reelegido con el 74,99 % de los votos en los comicios generales de este domingo, marcados por la ausencia de candidatos de la oposición, la mayoría de ellos encarcelados.
«Tampoco las autoridades nicaragüenses aseguraron la plena vigencia de la libertad de expresión, participación y reunión. Por el contrario, el gobierno de dicho país procedió a la detención de un número significativo de candidatos a la Presidencia en los meses previos al acto electoral, arrestando además a numerosos miembros de los partidos de oposición, violentando además las garantías de transparencia, inclusión y verificación, esenciales a todo proceso democrático», concluye el escrito.
Durante la campaña de las elecciones en Nicaragua varios opositores fueron detenidos y otros se exiliaron por motivos de seguridad, situación que fue cuestionada por algunos países latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos, que, incluso, ya han dicho que no reconocerán el resultado de los comicios.
Este lunes la Unión Europea (UE) también señaló que la reelección de Ortega carece de «legitimidad» y lo instaron a que «devuelva la soberanía al pueblo nicaragüense» y advirtió que no descarta adoptar restricciones que «puedan ir más allá» de las individuales.
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