Navios South American Logistics (NSAL), una de las principales operadoras logísticas del país, enfrenta una grave crisis interna. Accionistas que controlan el 36,2% de la compañía —representados por la firma Peers Business Inc., vinculada a la familia López— acusan por fraude a la directora mayoritaria, la empresaria griega Angeliki Frangou, y a otros integrantes del directorio.
Según reveló el semanario Búsqueda, la disputa comenzó tras el despido de Carlos López como CEO en 2023. Desde entonces, los accionistas minoritarios denuncian que se les ha negado información clave sobre decisiones financieras que, a su juicio, buscan diluir su participación y beneficiar a empresas relacionadas con Frangou.
El foco del conflicto es un préstamo subordinado de 160 millones de dólares, tomado con una empresa bajo control de la directora mayoritaria. Los demandantes afirman que este acuerdo fue hecho en condiciones desfavorables y sobre una valuación artificialmente baja de NSAL, lo que permitiría convertir esa deuda en acciones y consolidar el control de Frangou. Informes de KPMG y Deloitte valoran la compañía en más de 1.000 millones de dólares, frente a los 330 millones estimados en el contrato de préstamo.
El juez uruguayo Darwin Rampoldi dio la razón a los demandantes y designó un veedor independiente para acceder a los estados financieros de NSAL. La empresa apeló la resolución, aunque su directora global de Riesgos afirmó que actuarán «hasta el final» y negó cualquier irregularidad.
Paralelamente, NSAL denunció a los hermanos López por un supuesto fraude multimillonario mientras estaban al frente de la compañía. Acusa a ambos de desviar fondos mediante operaciones con casas de cambio en Paraguay. La denuncia fue presentada en las Islas Marshall, pero no prosperó por falta de jurisdicción.
Mientras tanto, las operaciones de la compañía en Uruguay se mantienen con normalidad, según informó la Administración Nacional de Puertos. NSAL también presentó recientemente un proyecto de inversión de 100 millones de dólares para ampliar su capacidad en la zona franca del puerto de Nueva Palmira.
Este enfrentamiento societario, con derivaciones judiciales en Uruguay y Estados Unidos, amenaza con afectar el futuro de una de las empresas logísticas más relevantes de la región.
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