Por Alejandro Prieto
La ciudadanía de Uruguay ha convocado en su historia más reciente, tras juntar las firmas necesarias, a tres referendos contra leyes: sucedió en 1989, 1992 y 2003, bajo mandatos de los partidos históricos (fundados en 1836), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).
La Constitución uruguaya vigente, de 1967, dispone que el 25 % de los habilitados para votar «podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes», siempre que estas no establezcan tributos.
El recurso, que depende de que se junten las firmas requeridas por la Corte Electoral, está regulado por dos leyes: en la última, aprobada en enero de 1989, se prevé que los votos en blanco (un sobre vacío o con algún objeto extraño) se computen en apoyo al ‘No’.
Esto ha motivado que en la actual campaña, impulsores del ‘Sí’ promovieran el voto anulado (incluir las dos papeletas juntas, alguna de ellas deteriorada o escrita en el sobre).
Para que deroguen los 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impugnados en esta consulta, el ‘Sí’ debe obtener la mitad más uno de los votos válidos, es decir, más votos que la suma de votos por el ‘No’ y en blanco.
1989: LEY DE CADUCIDAD
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada en 1986 con votos del PC (centroderecha), que gobernaba bajo la Presidencia de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), electo en la primera votación democrática tras el fin de la dictadura cívico-militar (1973-1985).
Sanguinetti impulsó la norma para «pacificar» amenazas de parte de los exrepresores que eran llamados a juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de facto pero, popularizada como «Ley de impunidad», esta fue llevada a referéndum en abril de 1989 por iniciativa del colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Las papeletas amarillas del ‘No’ obtuvieron el 55 % de los votos, en tanto el voto verde por el ‘Sí’ alcanzó un 41 % y la ley, que deslindó de responsabilidad a los represores, siguió vigente.
Tras un intento fallido de enmienda constitucional que la eliminaría parcialmente, en 2009 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
1992: LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS
La Ley de Empresas Públicas fue aprobada en 1991 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del PN, padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou.
La norma impulsada por Lacalle promovía la privatización, mediante concesión de los servicios a privados, de las empresas estatales y el foco central estaba tanto en la empresa de telecomunicaciones Antel como en la hoy extinta aerolínea Pluna.
Fue recurrida en 1992 por los sindicatos de las compañías con el apoyo de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA), fundada en 1971, y triunfó el ‘Sí’ a derogar con una amplia mayoría, el 71 %.
2003: LEY DE ANCAP
La Ley de ANCAP, por las siglas de la petrolera estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, fue aprobada en 2002, bajo el gobierno del PC, con el hoy fallecido Jorge Batlle a la cabeza (2000-2005).
La norma planteaba derogar el monopolio de la empresa para «la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados» y fue recurrida por un frente conjunto integrado, entre otros, por la central sindical PIT-CNT y la Federación de ANCAP.
La iniciativa de derogación fue apoyada por el FA y obtuvo, con la papeleta rosada por el ‘Sí’, un 62 % de apoyo, en tanto el ‘No’ y los votos en blanco sumados obtuvieron el restante 38 %.
EFE
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