El Gobierno de Uruguay se reúne este martes para tomar medidas en el peor momento de la pandemia de la covid-19 en el país suramericano, con casi 2.700 contagios, 19 muertos y 14.952 casos activos registrados en la jornada anterior.
En este rebrote de la primera ola que Uruguay vive desde diciembre -cuando el récord era más de 500 casos nuevos por día-, el país suramericano se asoma a una situación de colapso en los cuidados intensivos de la que han alertado los expertos, con un 62,3 % de ocupación en la actualidad, según los datos oficiales.
De esa cifra, un 23,6 %, es decir, 188 pacientes, está internado en esa unidad por covid-19.
Con estas cifras, y la noticia difundida este lunes de la detección en 7 departamentos de casos de la variante brasileña en un estudio desarrollado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia de SARS-CoV-2, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, convocó a su gabinete para este martes a las 16.30 horas (19.30 GMT).
Hace solo una semana, y también motivado por el aumento progresivo de casos, hubo una reunión del Consejo de Ministros, tras la cual el mandatario no informó de medidas drásticas y siguió apelando a la «libertad responsable» de la población.
Este lunes, integrantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidieron la reducción de la movilidad durante tres semanas, como manera de controlar el virus, pues en pocos días comienza la Semana de Turismo (Semana Santa) y hay varios destinos donde se prevé un 100 % de ocupación.
Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se detectaron los cuatro primeros casos de covid-19, Uruguay no ha vivido cuarentenas o toques de queda, al estilo de otros países del mundo, ni ha multado por llevar o no mascarilla, obligatoria únicamente en el transporte público, en edificios oficiales y en la mayoría de establecimientos.
Actualmente rige una ley que restringe el derecho de reunión, regulado por el artículo 38 de la Constitución, por el que se prohíben las aglomeraciones por razones sanitarias y que ha permitido dispersar algunas fiestas clandestinas.
Además, se suspendió el deporte «amateur» y se decretó el cierre de vestuarios en gimnasios y clubes; se rebajó al 50 % la ocupación de los transportes interdepartamentales y al 30 % los aforos de teatros y salas de espectáculos (con un límite máximo de 400 personas); y se anuló la obligatoriedad de presencialidad en las clases.
EFE
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