Uruguay parece estar intentando un cambio de era en seguridad: dejar atrás la lógica de “endurecer y encerrar” como respuesta casi automática, y pasar a una estrategia con horizonte de diez años, diseñada con participación amplia y observación externa. La apuesta, según relata El País de Madrid, se apoya en una idea que funciona como consigna y advertencia: si el problema se volvió más complejo —armas, cárceles, crimen organizado, estafas digitales—, la salida ya no puede ser de un solo actor ni de una sola herramienta.
Esa ambición, sin embargo, obliga a contestar preguntas que el debate público suele postergar. La primera es incómoda: cuánto de la inseguridad se explica por fallas de investigación y prevención, y cuánto por un sistema penitenciario que, saturado, tiende a reproducir violencia y reincidencia.
La segunda es operacional: cómo se controla un fenómeno de armas que combina mercado legal e ilegal y atraviesa generaciones cada vez más jóvenes, según testimonios recogidos en los encuentros. La tercera es contemporánea: qué significa hacer política criminal cuando el delito crece en el teléfono y no en la esquina.
En ese marco, el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 se presenta como un intento de “gobernar los hechos” antes de que los hechos gobiernen a la política, una formulación que apunta a evitar la alternancia entre promesas duras, respuestas cortas y resultados frágiles.
El punto decisivo será si el plan aterriza en metas verificables y en mecanismos de control y evaluación que sobrevivan al calendario electoral. Si lo logra, Uruguay no solo ensaya una receta: intenta cambiar el modo en que se discute y se administra la seguridad.
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