El Ministerio de Vivienda presentó su nuevo laboratorio urbano con un objetivo que, en principio, suena razonable: detectar viviendas vacías, recuperar inmuebles degradados y vigilar mejor el uso del suelo. El problema empieza cuando, detrás de ese lenguaje técnico, asoma otra cosa: un Estado que no solo ordena, sino que observa, clasifica y controla.
La novedad no está en la intención de regular. Eso es parte de cualquier política pública seria. La novedad está en el método. Drones, imágenes aéreas, inteligencia artificial, monitoreo periódico, detección de cambios entre un vuelo y otro. Dicho sin rodeos: una mirada policial sobre el territorio, presentada como modernización administrativa.
Ahí aparece la incomodidad de fondo. Porque una cosa es intervenir para corregir abusos del mercado o frenar la degradación urbana. Otra, bastante distinta, es naturalizar que el Estado entre en territorios privados o semiprivados con lógica de laboratorio. La palabra importa. Un laboratorio observa, mide, compara, detecta anomalías. No dialoga: examina.
El filósofo Éric Sadin viene advirtiendo sobre este clima de época. La promesa tecnológica ya no se vende solo como comodidad o eficiencia, sino como una nueva forma de conducción de la vida. Los sistemas no se limitan a asistir: empiezan a señalar, ordenar y sugerir qué debe corregirse. En esa pendiente, la gestión puede convertirse en tutela y la inteligencia artificial en coartada.
El estado policía
El punto no es demonizar la tecnología. El punto es preguntarse qué tipo de poder habilita. Porque cuando se vuelve normal que drones sobrevuelen zonas rurales para identificar usos “correctos” o “incorrectos” del suelo, el ciudadano deja de ser solo habitante para pasar a ser también un dato, una marca en una imagen, una variación detectada por un algoritmo.
La discusión se vuelve todavía más interesante cuando quien impulsa esto es un gobierno de izquierda. En teoría, debería desconfiar de los dispositivos de vigilancia que convierten problemas sociales en cuestiones de control. Debería saber que el territorio no es una planilla ni una superficie vacía: es vida social, conflicto, memoria, desigualdad. Si la izquierda termina administrando el espacio con ojo de policía, algo del camino se torció.
Autores como Raymond Ledrut y Michel Lussault ayudan a entender por qué este debate importa. El espacio no es solo geografía: es una construcción social. Intervenir sobre él no equivale apenas a mover normas o corregir desvíos. Significa también definir quién puede estar, cómo puede vivir y bajo qué mirada debe hacerlo. Ordenar nunca es neutro.
En Colonia, sobre todo en el oeste del departamento, esto se ve con claridad. Carmelo, Nueva Palmira y Conchillas no son territorios en blanco esperando que Montevideo los descifre desde una pantalla. Son espacios moldeados por puertos, turismo, producción, circulación de capital y viejas disputas por el uso del suelo. Allí el ordenamiento territorial no empezó ahora. Lo que cambia es la forma de intervenir: más tecnificada, más remota, más vertical.
Y ahí está el verdadero asunto. El Estado tiene derecho a ordenar. Lo que no debería hacer es acostumbrarse a mirar desde arriba y llamar a eso, sin más, progreso. Porque entre cuidar el territorio y vigilar la vida hay una frontera. Y cuando esa frontera se vuelve borrosa, la promesa de eficiencia empieza a parecerse demasiado al viejo sueño del Gran Hermano.
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