Por Alejandro Prieto
Montevideo, 15 mar (EFE).- El constante temor por que se frustrara la salida pacífica acordada en un complejo pacto y la culpa de no haber logrado antes la liberación de los presos políticos son algunas de las tensiones detrás de la histórica recuperación democrática en Uruguay que, transcurridos 40 años, reconstruyen protagonistas y expertos.
El expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) asegura a EFE que «cada país salió con una modalidad distinta», al referirse al proceso de «reconquista de la democracia» que en la década de 1980 puso fin a la oleada de dictaduras latinoamericanas.
Y en particular, Sanguinetti se refiere a la que adoptó Uruguay: «Fue el resultado de un pacto luego de cuatro años de conversaciones y diálogos frustrados», sentencia sobre los diálogos que precedieron al Pacto del Club Naval, donde, en agosto de 1984, los militares acordaron con tres partidos convocar a elecciones, pero inhabilitando a los líderes del Frente Amplio y el Partido Nacional, Líber Seregni y Wilson Ferreira.
General e irrestricta
Distinta a la de Chile, «muy condicionada por el gobierno anterior», y más a la de Brasil, hecha «dentro de las reglas fijadas por la dictadura», el primer presidente tras la dictadura cívico-militar (1973-1985) recuerda que la salida estuvo marcada por el «grave» problema de una banca «quebrada», pero, además, a nivel político aparecía la necesidad de lo que su gobierno llamó «El cambio en paz».
Impulsor en el Parlamento de «la libertad de todos los presos políticos sin excepciones», el entonces diputado del Partido Colorado Víctor Vaillant recuerda que alcanzar una amnistía a presos políticos «general e irrestricta», que finalmente no prosperó en esos términos, fue una de las primeras batallas de la incipiente democracia.
«Habíamos vivido más de 12 años con la angustia de saber que había compatriotas como nosotros, que pensaban como nosotros y eran personas decentes y democráticas, que estaban presos de la dictadura. Tuvimos que vivir con esa angustia, esa culpabilidad, por no haber logrado sacarlos de la cárcel antes», asegura sobre el «espíritu» detrás de aquella ley.
No obstante, aunque «la amplísima mayoría de los políticos» quería liberar a todos «sin condiciones», según Vaillant había quienes «tenían temor a que se frustrara la salida pacífica» y que los militares, que «no habían sido derrotados militarmente, sino políticamente», obstaculizaran la reapertura democrática.
Así, hubo quienes pidieron que los presos con «delitos de sangre», como los guerrilleros tupamaros, no fueran liberados y el Gobierno, apoyado en la ministra y jurista Adela Reta, ideó un proyecto alternativo en que a estos, por su reclusión bajo tortura, se les computaba los años de cárcel pendientes con los cumplidos a «tres por uno», lo que les facilitaba salir.
Reparación lenta, causas abiertas
«Se calcula que alrededor de 10.000 uruguayos durante la dictadura pasaron por las prisiones en plazos cortos. A veces 24 horas, 36 horas, 48 horas, hasta penas mucho más largas, de 12 o 13 años», explica la historiadora Jimena Alonso sobre el alcance de una prisión «masiva y prolongada» que caracterizó el régimen uruguayo.
Según la magíster en Historia y Memoria, esto explica por qué la prisión política y las condiciones de reclusión fueron «una constante» entre las denuncias emitidas desde el exterior contra la dictadura.
«Era un reclamo de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones políticas que estaban proscriptas y obviamente eso generaba cierta expectativa», puntualiza quien remarca que la conocida como ley de amnistía no solo dispuso esa histórica liberación, sino además la creación de una comisión de repatriación y la restitución de los funcionarios destituidos.
En cuanto a la reparación, Alonso indica que se enfocó más que nada en los 197 casos de desaparición forzada, pues a los expresidiarios «les costó mucho autorreconocerse también como víctimas» y recién en 2008 se aprobó la ley de reparación a la prisión política vigente.
Asimismo, dice que el tratamiento judicial de las denuncias de estos, como la de las expresas que denunciaron la violencia sexual cometida contra ellas, es de los más lentos de la región, pues Uruguay se disputa con Brasil ese «podio».
De acuerdo con el abogado Pablo Chargonia, del Observatorio Luz Ibarburu, que sigue a las causas penales por violaciones a los derechos humanos, desde 2002 Uruguay enjuició a 110 represores -27 ya fallecidos- en unas 200 causas.
«De esos, los efectivamente condenados, a la fecha, son 50 represores. Otros están siendo procesados, con prisión o prisión domiciliaria por razones de salud», acota quien estima en 150 las causas que aún no encuentran sentencia definitiva. EFE
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